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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Condenas integras

ANTE ATROCIDADES tales como niñas violadas y asesinadas, cuerpos destrozados en atentados terroristas o jóvenes destruidos por la droga, no es fácil sustraerse a la tentación de pedir un uso vindicativo del derecho. Pero lo que es comprensible como reacción inmediata e impulsiva del ser humano ante hechos tan atroces no puede convertirse en respuesta de la justicia en una sociedad civilizada. El debate sobre si los convictos de asesinato y violación, los narcotraficantes y los terroristas deben o no cumplir íntegramente sus condenas ha prendido en la sociedad; pero corresponde al Parlamento, y no a los tribunales, darle la respuesta que corresponda, en el marco, en todo caso, de la Constitución.El Tribunal Supremo ha puesto las cosas en su sitio al anular el insólito pronunciamiento de la Audiencia de Huelva en el caso del asesino y violador de la niña de nueve años Ana María Jerez, suceso acaecido en febrero de 1991. El tribunal onubense, quizá influido por la proximidad a los hechos y por su repercusión social, tomó una decisión que no estaba en sus manos: condenar al autor del crimen al cumplimiento íntegro del total de las penas impuestas (44 años de cárcel), por encima del máximo legal de 30 años establecido en el Código Penal. Y ahora el Supremo, como no podía ser de otro modo, le ha llamado al orden, no sólo por excederse en sus funciones, sino por propugnar un concepto del derecho "punitivo y vindicativo" que cierra cualquier posibilidad a la recuperación social del delincuente.

La apresurada y oportunista decisión de la Audiencia de Huelva muestra, en todo caso, cómo no se debe actuar en cuestiones tan vidriosas y complejas como es la de limitar o excluir el efecto resocializador de la pena en determinados supuestos delictivos. No es ésa forma de aportar nada sustancioso al debate de un asunto necesitado del mayor consenso político, social y doctrinal. Confunde más que clarifica, y en cuanto propone medidas legalmente inviables, puede crear frustración en algunos sectores e irritación en otros. Es decir, todo lo que no cabe esperar de un tribunal de justicia.

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