Una cooperativa del Plan 18.000 reclama 15 millones por una vivienda que se escrituró en nueve
Trece socios de la cooperativa Los Llanos de Hortaleza, al final de la calle de Silvano, se han negado a pagar los cerca de cuatro millones de pesetas adicionales que ahora les pide la sociedad gestora que ha construido sus viviendas. Esta promoción de 325 pisos, incluida en el Plan 18.000, iba dirigida a familias que en 1988 ganaban menos de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional (150.000 pesetas, aproximadamente, según los cálculos de la Administración). Sólo 17 de estas familias podían exceder esos sueldos exigidos. Sin embargo, las casas disponen de piscina comunitaria, jardín con autorriego y antena parabólica. Dos de las familias que protestan han decidido tomar sus pisos, a pesar de que en noviembre fueron expulsados de la cooperativa por no pagar los incrementos exigidos.Una de ellas es la de Cecilio Pérez, comerciante de 40 años, con tres hijos. Su vivienda, de 90 metros cuadrados, figura en las escrituras con un valor de 9.120.000 pesetas. Pero para que le diesen las llaves tenía que pagar 15.398.329 pesetas. Después, al recibir la subvención por vivienda protegida, recuperaría cerca de un millón de pesetas. "Pagaremos ese dinero si nos explican de dónde sale", asegura.
A los trece les expulsaron. Pero se negaron a retirarse y siguen abonando letras. Ahora su caso está en manos de un juez. Los otros 312 socios pagaron. Aunque no muy convencidos.
Agrupación socialista
Vicente Sánchez Izquierdo, gestor de esta cooperativa creada en 1989 por miembros de la Agrupación Socialista de Hortaleza y de la asociación de vecinos de Canillas-San Fernando, que luego se retiró, cree que "cuando no se quiere pagar cualquier razón es buena".
Asegura que las cantidades escrituradas suelen coincidir con el precio oficial establecido por un determinado módulo de vivienda y no con el coste real de construcción. "El módulo está obsoleto, por esos precios no construye nadie, y con las cifrasreales no habría subvención pública", afirma.
"Cuando empezamos, en 1991, la constructora nos dio un precio abierto de 1.215 millones por 121 viviendas; en mayo de 1993 el precio cerrado, aprobado por los socios, quedó en 1.360 millones, incluidas las piscinas y la parabólica", explica.
"Hay que añadir otros 466 millones por los estudios geotécnicos para la cimentación, y por los gastos de arquitecto, aparejador, auditorías, licencias, notarios, servicios, gastos financieros, de gestión y otros", advierte Sánchez Izquierdo.
