El realismo de los insurgentes

LOS ACUERDOS establecidos en San Cristóbal de las Casas entre el delegado del Gobierno, Manuel Camacho, y los dirigentes del levantamiento zapatista -con la participación como mediador del obispo Samuel Ruiz- representan un hito en la historia moderna de México. El hecho de que hayan sido establecidos después de sólo 10 días de negociación testimonian de la flexibilidad e inteligencia de Camacho, y de la sensatez de los dirigentes insurgentes, que han sido capaces de canalizar sus reivindicaciones en demandas concretas y realistas.La respuesta positiva del Gobierno a 35 de las 38 demandas de los zapatistas abarca un conjunto amplísimo de proyectos sociales, como la construcción de clínicas, hospitales, viviendas y carreteras, la creación de una estación de radio independiente dirigida por los indígenas, el suministro de electricidad y agua potable. Asimismo, precios garantizados de los productos agrícolas, medidas especiales para los niños que sufren de malnutrición, ayudas al artesanado y una protección para las mujeres, con guarderías y otras medidas. Por otra parte, la reforma de la justicia y la liberación de las personas presas a causa de conflictos sociales. Es evidente que tal programa es el anuncio de un cambio profundo en el Estado de Chiapas, pero también en otras regiones.

Aún tiene mayor alcance -por su aspecto directamente político- el acuerdo de conceder a los indios de Chiapas (un tercio de los 3,5 millones de habitantes de esa región) una "autonomía política, económica y cultural". Se estipula también la concesión de tal autonomía a otros Estados, donde los indios representan minorías importantes. Los indígenas dejarían así de ser unos parias discriminados en lo social y lo cultural, y gozarían de un autogobierno para desarrollar formas de vida que les son propias, enraizadas en una tradición de siglos.

Las propuestas zapatistas contienen asimismo puntos sobre los cuales el acuerdo era imposible: concretamente la dimisión del presidente Salinas y la organización de unas elecciones distintas de las que se están preparando. La exigencia de la dimisión ha quedado marginada, pero respecto a las elecciones se ha acordado que personalidades independientes vigilen el proceso de modo que éste se desarrolle con plenas garantías de equidad y sin que ningún partido tenga una posición ventajosa. Si se piensa en lo que ha sido hasta ahora la realidad de las elecciones, con un predominio del PRI impuesto por métodos de fuerza (incluso en la úlima consulta, a despecho de las promesas de Salinas), el cumplimiento de los acuerdos contenidos en el documento conjunto con los zapatistas supondría un avance espectacular.

Pero no se trata sólo de elecciones; hay un problema de fondo: lo que empezó como revuelta campesina en Chiapas se ha convertido en una especie de terremoto político y social en amplios sectores del país. A medida que pasa el tiempo, que se afianza la acción política de los zapatistas y que se hacen públicos los acuerdos aprobados por ellos y por Camacho, es inevitable que ello tenga efectos serios en el ámbito nacional. La repercusión más evidente sé refleja en la voluntad de avanzar hacia transformaciones democráticas profundas que corrijan de verdad unas injusticias sociales intolerables para gran parte de la población. Y al mismo tiempo, ante la próxima consulta, que se rompa el esquema tradicional de unas elecciones en buena medida prefabricadas.