Alberdi cree que expulsar a delincuentes extranjeros protege a los inmigrantes

La ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, consideró ayer que la decisión del fiscal general del Estado, Eligio Hernández, de instar la expulsión de los extranjeros condenados a penas por delitos menores o a los que se impute un delito servirá para proteger a los inmigrantes que se encuentren legalmente en nuestro país. Por parte de IU, que critica la decisión por sus "tintes xenófobos", se pidió la comparecencia del fiscal del Estado para que explique el contenido de la circular con la que pretende agilizar. las expulsiones.La ministra Alberdi recordó que esta medida, propuesta ayer por Eligio Hernández, puede afectar a la mitad de la población reclusa extranjera en España, unas 6.000 personas, ya que la otra mitad está en fase de petición de pena por el ministerio fiscal o con condenas superiores a los seis años de cárcel.

El PP pidió la remisión al Congreso de la circular, aunque su portavoz en la comisión de Justicia, Federico Trillo, indicó que no tiene constancia formal de que se haya redactado, por lo que no la enjuiciará hasta conocer su contenido.

El diputado de IU Diego López Garrido expresó su oposición al fondo y la forma con que se pretende forzar a los fiscales para que, de forma "masiva, sistemática e indiscriminada", se propicie la expulsión de inmigrantes a los que se imputa un delito menor, informa Javier Rivas.

Para López Garrido, el mensaje tiene una naturaleza xenófoba y puede hacer pensar a la población que los extranjeros "tienen la culpa de todos los males del país". El diputado advirtió que la aplicación de la circular supondrá un "desprestigio" para el ministerio fiscal y añadió que contradice el espíritu de la Ley de Extranjería, cuya exposición de motivos se pronuncia por la inserción de los extranjeros.Presunción de inocencia

La organización SOS Racismo manifestó que la orden del fiscal general "conculca a presunción de inocencia, al pretender expulsar a gente que está a la espera de juicio o de sentencia". Según esta organización humanitaria, "la cuestión se agrava cuando una buena parte de los inmigrantes que carecen de toda su documentación en regla la están intentado tramitar haciendo frente a los numerosísimos obstáculos que pone la Administración. Por tanto, ello supondría considerar la falta de documentación como un delito, cuando no es sino una falta administrativa".

Manuel Cobo del catedrático de Derecho Penal, declaró a Antena 3 Radio que, desde el punto de vista penitenciario, la medida puede ser "correcta". "Esos delitos pequeños conllevan penas de prisión también pequeñas que apenas sirven para reinsertar ni para reeducar, y, consecuentemente, habría que pensar en unas medidas de carácter alternativo", afirmó. El presidente de la Asociación de Fiscales, Juan Ortiz Urculo, informó ayer que los fiscales todavía no han recibido la circular del fiscal del Estado, por lo que difícilmente podrán comenzar las expulsiones la próxima semana.