PP espera un movimiento del Gobierno antes de dar por cerrado el "impulso democrático"

El Partido Popular se mantendrá firme en el criterio de no pactar los nombramientos constitucionales (Defensor del Pueblo y vacantes del Consejo General del Poder Judicial, entre otros) mientras no haya un acuerdo "global" sobre los demás aspectos abiertos del impulso democrático. Así lo reafirmó ayer José María Aznar ante la comisión permanente del partido, reunida en Madrid. Los populares esperan un "movimiento significativo" del Gobierno y del PSOE, mientras se preparan para retomar y ejercer una actitud más crítica, limitada en los últimos meses por las negociaciones.

El Ejecutivo, por su parte, apuesta claramente por dejar resueltos cuanto antes los nombramientos y acusa al PP de desatender el mandato constitucional, por pretender condicionar el pacto sobre las vacantes a acuerdos relativos a reformas institucionales de mayor calado. Nunca las negociaciones del impulso tuvieron más de pulso entre las dos grandes formaciones parlamentarias.Las conversaciones están en punto muerto y la posibilidad de un acuerdo "nunca ha estado más lejana", según dirigentes del PP, aunque advierten a renglón seguido que, en ocasiones, la peor parte de la tempestad es la que preludia la calma. "Puede haber un movimiento de ficha del Gobierno y del PSOE", señalan, "y nosotros así lo esperamos. Si no, la cosa acabará aquí".

El secretario general, Francisco Álvarez Cascos, tiene la intención de explicar hoy la situación de las negociaciones, las exigencias mínimas de su partido y las cesiones que éste ya ha realizado. El PP argumenta que el Gobierno no quiere moverse un ápice en cuestiones como el control de RTVE, la objetivación del acceso a la judicatura, la extensión de la ley de contratos del Estado a las empresas públicas o la limitación y distribución según criterios prefijados de la publicidad institucional.

Algunos de estos temas están en vías de cierre parlamentario, al Margen del partido de Aznar, por lo que éste centra sus aspiraciones en el reglamento del Congreso y en alguna modificación sustancial del Estatuto de RTVE.

En cuanto a los dos acuerdos ya cerrados, la modificación del reglamento del Senado y de la ley Electoral para reducir los gastos, "poco tienen que ver con el impulso o la regeneración democrática", argumentan. Su objetivo sería ampliar el campo de las libertades y el control del Ejecutivo y reducir la discrecionalidad de este último, es decir, según el PP, "rectificar comportamientos y actitudes del Gobierno socialista en los últimos años, y ése es el problema, que no se ha visto hasta ahora la menor intención de rectificar".

Desdibujar diferencias

"No vamos a pactar los nombramientos sin otros acuerdos", fue la escueta declaración realizada ayer por Aznar ante la permanente. Los dirigentes del principal partido de la oposición han venido insistiendo desde otoño pasado en que bajo ningún concepto se prestarían a negociar "sólo lo que al Gobierno le interese" mientras otras cuestiones quedaban indefinidamente aparcadas o servían para eternizar conversaciones que permitieran desdibujar las diferencias políticas entre unos y otros.

El Ejecutivo "firmaría mañana mismo un acuerdo sobre el Defensor del Pueblo y las vacantes del Consejo del Poder Judicial", argumentan, "para a continuación decir que el resto no se puede negociar con el PP porque es intransigente".

Pero si ése era el objetivo, "se han equivocado; no vamos a ceder ahora", añaden. Los dirigentes del partido afirman ser conscientes del riesgo de que el Gobierno y el PSOE les responsabilicen del "vacío institucional" si no se proveen las vacantes en los próximos meses o hasta después de las elecciones europeas y andaluzas del 12 de junio. De hecho, afirman, "el Gobierno ya ha empezado esa campaña, con Felipe González a la cabeza, lo que es un pésimo síntoma".

Si las negociaciones se cierran sin acuerdo en un plazo breve, la dirección del Partido Popular está dispuesta a afrontar el coste de no haber entregado la llave, para los nombramientos, que no pueden hacerse con la mayoría exigida de tres quintos sin sus votos en el Congreso. Su línea de defensa consistirá en presentar las cesiones que ellos han efectuado en las conversaciones y en tratar de demostrar que son el Ejecutivo y el partido socialista los que no se han movido un ápice y "han querido hacer de la negociación un trágala"

Para que la negociación tenga resultados antes de que el PP se considere desvinculado de todo compromiso, señalan fuentes de la dirección, deberían producirse avances significativos en el control democrático de Radio Televisión Española y la aceptación de verdaderas comisiones de investigación en el Congreso. En otros aspectos, es difícil la vuelta atrás del Ejecutivo. La pretensión de endurecer las condiciones de acceso a la judicatura por el tercer y cuarto turnos ha sido rechazada durante el debate inicial sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Otra aspiración del PP a punto de frustrarse es la aplicación de la Ley de Contratos del Estado a la totalidad de las empresas públicas, que ahora se rigen por el Derecho privado. El proyecto de ley de contratos del Estado ha sido pactado hasta el momento con otras fuerzas políticas, pero no con el partido de Aznar.

En cuanto a la pretensión de someter a criterios objetivos la distribución de publicidad institucional, el Grupo Popular ya vio derrotada en el Congreso hace unas semanas una proposición al respecto. "Por lo tanto", advierten dirigentes del PP, "en todos estos temas hemos recuperado la libertad de crítica y la vamos a ejercer de inmediato".