Los sindicatos piden que la crisis de Santana sea considerada como un "problema de Estado"

Los secretarios de Comisiones Obreras y UGT en Andalucía, Julio Ruiz y Cándido Méndez, limitaron ayer la solución de la crisis de Suzuki a que haya una intervención internacional del Estado encabezada por el presidente del Gobierno, Felipe González. Los representantes sindicales se reunieron ayer con el titular de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, a quien vidieron que presionara al jefe del Ejecutivo para actuar personalmente. El presidente de Santana, Yoshio Saito, reiteró ayer, en una reunión con representantes sindicales, que quieren dejar la gestión

Los responsables de las centrales sindicales mostraron su frustración tras el encuentro con el presidente andaluz, que se limitó a reiterar su preocupación y no aportó vía alguna de solución a la crisis de la factoria de Linares. En este sentido, los sindicatos recordaron que a los trabajadores les queda el recurso de la movilización, como la que el jueves se produjo en la localidad y la huelga general prevista para esta semana en la comarca, informa Raúl Limón.La Junta ni siquiera aportó ayer a los sindicatos nueva información sobre la situación económica real y las intenciones de la multinacional japonesa. De hecho, entregó a las centrales la memoria de suspensión de pagos con la que contaban desde un primer momento a través del comité de empresa.

Cándido Méndez acusó a Suzuki de "haber pretendido dar un jaque mate en tres jugadas" -el incumplimiento del laudo, declarar la suspensión de pagos y presentar alternativas inviables- y a la Administración de haber permanecido impasible ante la evolución de los acontecimientos. "En estos momentos, el problema de Suzuki es un problema de Estado y no un conflicto sociolaboral", dijo el dirgente de UGT.

Julio Ruiz incidió en la necesidad de que la solución pasa por la consideración de la crisis como conflicto de estados y aseguró que al igual que con Santana, KIO o Volkswagen, "la acción de Gobierno no está exenta de resposabilidades". A pesar del pesimismo expresado, el dirigente de Comisiones afirmó: "Al final, conseguiremos mantener la factoría".

Aun matizando que no pretendía marcar de tintes electorales la crisis de la factoría jiennense, a cuatro meses de los comicios andaluces, Méndez advirtió que la negociación y el papel de la Junta en este conflicto abrirá un debate sobre la utilidad de las instituciones autonómicas.

El consejero de Trabajo, Francisco Oliva, nervioso y sin dar ningún dato que permita vislumbrar una aproximación de posturas y una posible solución del conflicto, criticó que se cuestionara la utilidad de las instituciones autonómicas a través de la crisis de Santana. Oliva, que compareció en conferencia de prensa para explicar la postura de la Junta, a pesar de que la reunión con los sindicatos fue presidida por Chaves, negó la necesidad de implicar directamente al Estado y reiteró que la salida "sólo es posible con Suzuki".

Apolinar Rodríguez, secretario de Acción Sindical de UGT, dijo ayer en Málaga que "para los jienenses y para todos los españoles es un casus belli una decisión de esta naturaleza, mientras que el alcalde de Linares, Manuel Rodríguez Méndez (PSOE), que ayer se reunió con representantes de la Junta, afirmó que "el Gobierno andaluz nunca se sentara para liquidar Santana".

. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, a su llegada a Sevilla para entrevistarse hoy con el presidente de la Junta, aseguró que desde el Ministerio de Industria se han tenido contactos con Japón y reiteró la voluntad del Gobierno en encontrar una solución sin que ésta implique que el Estado asuma la propiedad.

Solana prefirió no ahondar más en el conflicto y en las demandas de los sindicatos hasta el encuentro que mantendrá esta mañana con el presidente de la Junta y con el que, además del problema de Suzuki, abordará el conflicto de las pensiones en Gibraltar.

El ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, tendrá que responder el próximo miércoles en el Plano del Conrgreso al diputado Javier Arenas del PP sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con la crisis de Santana. Arenas defendió una intervención pública puntual para garantizar la viabilidad.

Doble juego

El presidente de Santana y vicepresidente de Suzuki, Yoshio Saito, aseguró ayer a representantes de las federaciones del Metal de CC OO y UGT que "habían llegado a la conclusión de que es imposible que el laudo tuviera efecto". Saito argumentó, según fuentes sindicales, que el mercado ha tendido a la baja y, aunque reconoció que en el mes de enero han mejorado las ventas, insistió en que era imposible llegar a los 50.000 vehículos anuales que pone el laudo.Saito reiteró que la empresa necesita 38.000 millones de pesetas y reducir su plantilla un 60%. Reseñó que la aportación la tiene que hacer un tercero y que Suzuki está dispuesto a quedarse con el 49% y a poner su red comercial mundial a disposición. Pidió a los sindicatos, según éstos, que les ayuden a buscar socios. Añadió que Suzuki está elaborando un plan que presentará al Gobierno la próxima semana.

Los sindicatos criticaron a Saito "por estar utilizando un doble lenguaje", con los sindicatos y con el Gobierno, y le dijeron que "no se entiende que estén haciendo un plan de viabilidad cuando lo debería hacer el nuevo socio mayoritario ni que hayan ya evaluado las necesidades cuando todavía están elaborando un plan". Saito contestó que Suzuki no está dispuesto a hacer ningún tipo de declaración de intenciones.