Ocho bloques apuntalados evidencian la urgencia del arreglo de Caño Roto

La rehabilitación de las 1.600 viviendas del poblado dirigido de Caño Roto, en Latina, no acaba de ver la luz. El deterioro es grande en estos pisos construidos por el Estado entre 1957 y 1959 y vendidos después a sus inquilinos. Este mes, el Ayuntamiento ha tenido que apuntalar ocho bloques agrietados. El consistorio, la Comunidad, el Gobierno central y los vecinos no llegan a un acuerdo y día a día empeora el estado de estos edificios.

Unos 400 vecinos de este barrio se manifestaron en la tarde de ayer delante de la presidencia del Gobierno regional, en la Puerta del Sol. Provistos de silbatos, permanecieron cerca de dos horas en el lugar sin cortar el tráfico y protestando por la actitud de la Comunidad en el problema, informa Octavio Cabezas.

Los vecinos, representados por la asociación de La Fraternidad, consideran "inaceptable" la intención de la Dirección General de la Vivienda del Ejecutivo autónomo de dirigir y coordinar la entidad gestora que se debe crear para emprender las obras del barrio.

Miguel Arriaza, portavoz de La Fraternidad, considera que en dicha entidad gestora deben estar representados los vecinos y todas las instituciones implicadas, no sólo la Comunidad".Control de fondos

"Si nosotros, como propietarios, vamos a pagar un 50% de la rehabilitación [el resto lo ponen, a través de subvenciones, el Gobierno regional, un 20%, y el Gobierno central, un 30%], lo lógico es que podamos decidir en la contratación de obras y controlar también los fondos", añade Arriaza.

Pero la Consejería de Política Territorial pone en solfa la representatividad de la asociación vecinal y cree que, con su actitud, ,,está bloqueando la reforma".

"Quieren que, a prior¡, y sin un proyecto técnico que lo avale, se declare que el poblado dirigido de Caño Roto está afectado por una patología estructural, para incrementar así un 10% la subvención a fondo perdido de la Comunidad de Madrid", denuncian los responsables institucionales.

Pero las fricciones no han comenzado ahora. Durante meses fueron las diferencias entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid las que retrasaron el acuerdo. Por fin, en diciembre, el consistorio se comprometió a cumplir su parte: arreglar aceras, accesos y sistemas de agua, luz y teléfono.

En medio de estas discusiones, los ocho bloques más deteriorados del barrio, con graves grietas en vigas y pilares, han tenido que ser apuntalados por el departamento municipal de Protección a la Edificación. Un informe realizado por el arquitecto Ricardo Aroca para el Gobierno regional ya recomendaba su reparación urgente hace un año.

El citado estudio también hablaba de que es posible rehabilitar el barrio sin necesidad de derribar bloques, siempre que se actúe con rapidez. Pero cada mes que transcurre sin que empiecen las obras juega en contra.

El acuerdo entre vecinos e instituciones es necesario para que el barrio sea declarado "zona de rehabilitación preferente". Sólo así los dueños de los pisos, entre ellos numerosos jubilados, podrán recibir subvenciones.