La fiscal de Alcalá 20 critica duramente a los dueños, pero atenúa su petición de penas

La fiscal del juicio por el incendio de Alcalá 20 insistió ayer en la inocencia del ex concejal socialista Emilio García Horcajo y propinó un varapalo a los dueños de la discoteca, en la que murieron 81 personas el 17 de diciembre de 1983. Durante su intervención -de cuatro horas y media-, la fiscal Josefa Checa lamentó la falta de medios que tenía el Ayuntamiento de Madrid en 1983 para inspeccionar locales públicos y defendió que no es justo incriminar al ex edil por la nula vigilancia del local. Checa también ha atenuado las penas que pide para los acusados.

Antes del juicio, la fiscal pedía para los procesados un total de 13 años; ahora, tres años y seis meses. Al que más inculpa (un año de cárcel, seis por imprudencia y otros seis por falsear un documento) es al responsable de la instalación eléctrica, Miguel Gabaldón.Para los demás acusados equipara en seis meses la solicitud de pena. No obstante, subraya que Carlos Mendoza, uno de los accionistas más antiguos del local, abogado y avezado en el gremio de la hostelería, era consciente de las deficiencias del local y debió poner remedio.

En la práctica, la reducción de penas que defiende la fiscal -en caso de que el tribunal las atienda- libra a todos los acusados de ir a la cárcel.

Durante la exposición de sus conclusiones definitivas en este dilatado juicio, cuya duración sobrepasa ya los cuatro meses, Checa enumeró la retahíla de deficiencias que condujeron al desastre. Así, criticó con énfasis las vías de evacuación del local. "Eran una temeridad", dijo. Ninguna daba directamente a la calle como era preceptivo. Y puso especial hincapié en los materiales -adornos, tejidos...- con que fue alicatado el local. "El 90% de los materiales que cubrían la discoteca eran muy combustibles y, sin embargo, no habían sido ignifugados".

Asimismo señaló que los medios antiincendios de Alcalá 20 -17 extintores y una manguera de agua- "no garantizaban su correcta utilización". De hecho, no sirvieron para nada. Cuando se inició el incendio, de la manguera sólo salió un hilito de agua. Si hubiese tenido presión, hoy no habría 81 personas bajo tierra.

La acusadora pública indicó que a ninguno de los dueños del local le preocupó la seguridad de la discoteca. Más bien se guiaron por el afán de lucro personal. Sobre el aforo (aquella trágica noche se vendieron 1.600 entradas, el triple de la capacidad permitida) fue más cautelosa. Pese a los testimonios de los supervivientes de que aquella noche fue colocado el cartel de aforo completo, Checa argumentó que no se había podido probar que en el momento en que se produjo el incendio hubiese más personas de las permitidas dentro.

La vista oral continuará hoy con la intervención final a los abogados de las familias de los fallecidos.