El juicio del incendio de Alcalá 20 entra en su último mes

El largo juicio por el incendio de la discoteca Alcalá 20 comienza ya a vislumbrar su fin, después de casi cuatro meses de interrogatorios. La fiscal, Josefa Checa, desgajará desde hoy los despropósitos y anomalías que truncaron -el 17 de diciembre de 1983- 81 vidas; luego lo harán los abogados de la defensa y la acusación. La vista oral, que se inició en octubre pasado, puede concluir a finales de marzo. Y, con suerte, habrá sentencia en los primeros días de abril. Casi once años después del siniestro.Los tres largos meses de interrogatorios judiciales han servido, al menos, para que casi nadie dude de que aquella mezcla mortal de llamas y humo se pudo haber evitado. Hubiese bastado con una mínima aplicación de las medidas de seguridad.

Hasta el momento han desfilado ante el tribunal los procesados, testigos y supervivientes y los peritos. Ni uno solo de los primeros ha admitido la más mínima responsabilidad. Después declararon los supervivientes y testigos de la tragedia. De sus bocas han salido relatos terribles. Uno afirmó que escuchó en la calle de Alcalá aterradoras voces de, auxilio que procedían de la discoteca.

Los peritos han sentenciado, por su lado, que Alcalá 20 carecía de unas mínimas condiciones de seguridad. En opinión de Antonio García Pablos, abogado de 57 familiares de víctimas, ha dejado claro que Alcalá 20, tal como estaba montada, era una bomba de relojería. Su instalación eléctrica, sus vías de evacuación, los materiales sumamente combustibles que aderezaban sus paredes y suelos: todo era un polvorín. Bastaba una simple cerilla o algún cortocircuito en los innumerables cables eléctricos mal colocados al lado de las cortinas del escenario para que aquello saltase por los aires en forma de lenguas de fuego y humo tóxico. "Entelaban las paredes sin quitar las telas anteriores, unas sobre otras; había zonas del local en las que se acumulaban hasta cinco telas superpuestas", asegura el abogado Antonio García Pablos.

Aplastamientos

Durante el juicio también ha quedado claro que la mayoría de las víctimas lo fueron básicamente por aplastamiento, inhalación de humo tóxico y quemaduras, o varias de esta causas a la vez. Además, tan laberínticos y angostos eran los pasillos de evacuación que las víctimas, en su afán por salir de aquel infierno, se aplastaron unas a otras. El aforo tampoco se respetó, según el escrito inicial del fiscal y las declaraciones de testigos. La discoteca tenía autorización para albergar a unas 600 personas, pero aquel día -en vísperas de Navidad, el 17 de diciembre de 1983- entraron alrededor de 1.600, el triple.

Tras escuchar a los siete procesados (los cuatro dueños de la discoteca, el responsable de la instalación eléctrica, el inspector de la Junta de Espectáculos y el ex concejal del PSOE Emilio García Horcajo), la fiscal Josefa Checa ha decidido, ante el asombro de los familiares de las víctimas, reducir las penas que inicialmente pedía para siete de ellos. Sin embargo, ha elevado las indemnizaciones. La fiscal explicará hoy, durante su intervención final, el motivo de estos cambios.