Elogio Hernández cree necesario que los fiscales tengan acceso a los programas antes de su emisión

El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, anunció ayer ante la Comisión Especial de Contenidos Televisivos del Senado que está en estudio habilitar "algún tipo de fórmula" para que determinados programas de televisión sean supervisados por los fiscales antes de ser emitidos. Este proyecto, que supondría, de hecho, la introducción de la censura previa, fue muy matizado poco después por el propio fiscal general, al decir que se pondrá especial cuidado en no lesionar la libertad de expresión e información, y que, sobre todo, afectará a los programas destinados a los niños.

No obstante, al acabar la sesión parlamentaria, el fiscal general fue interrogado sobre la prohibición de emitir el programa de La máquina de la verdad, en Tele 5, protagonizado por la asistenta de la pareja Obregón-Lecquio, y se le recordó que en este caso se trataba de una audiencia compuesta por adultos. Eligio Hernández contestó: "Sí, en ese caso se podía lesionar el derecho a la intimidad, y se hizo por eso. También el derecho a la intimidad de los adultos debe ser protegido adecuadamente".Consciente de lo resbaladizo de la cuestión que estaba abordando, el fiscal general se apresuró a añadir: "Pero tengan en cuenta que la nueva normativa irá destinada a proteger a los niños, ¿eh?, sobre todo a los niños".

El fiscal dijo a los miembros de la comisión que no es necesario arbitrar nuevas leyes para proteger el derecho a la intimidad y al honor porque, en su opinión, la legislación actual bien aplicada, o más celosamente aplicada por los fiscales, es suficiente.'

De las dos vías de defensa que tienen los ciudadanos ante los abusos de los medios de comunicación, la penal y la civil, Eligio Hernández dijo preferir esta última porque la injuria Y la calumnia -que implicaría un proceso penal- "tienen una difícil contextualización legal hoy en día".

Aun reconociendo las frecuentes colisiones entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, el fiscal del Estado reiteró que habría que habilitar fórmulas para que los fiscales sepan de antemano el contenido de los programas televisivos. Ahora, sólo los conocen cuando los afectados recurren a la justicia, o cuando el programa ya se ha emitido. Entonces, "el daño ya está hecho", afirmó, "y eso es lo que hay que evitar, sobre todo si afecta a la infancia".

Los senadores de la comisión parlamentaria que analiza los contenidos televisivos estuvieron en líneas generales de acuerdo con la tesis del fiscal, si bien insistieron todos en que había que tener muchísimo cuidado para que las cautelas no se convirtieran en la censura de tiempos pasados.

Hernández criticó, especialmente, que los medios de comunicación efectuaran con mucha frecuencia juicios paralelos a los ciudadanos, y que en dichos juicios no se parte casi nunca de la presunción de inocencia, como ordena la Constitución, sino que se les presenta a menudo como culpables.

En esta misma línea se pronunció ante la Comisión del Senado la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, para quien la actuación de los fiscales debería ser más activa y que la suspensión cautelar de programas debería hacerse más a menudo. "Que nadie entienda esto como una censura", manifestó Alberdi, "sino como la protección de los grupos sociales más vulnerables".

Explotación del dolor

Para Cristina Alberdi, el tratamiento televisivo dado a la violación y asesinato de las tres niñas de Alcàsser (Valencia), marcó un punto de inflexión en la sociedad. "Se hizo una utilización tan tremenda del dolor humano, una explotación tan indigna de los sentimientos, que golpeó las conciencias de los ciudadanos".En este sentido, la ministra anunció que la futura ley de derechos de la infancia abordará una definición detallada de lo que puede considerarse intromisión ilegítima contra los niños y restringirá la información que les afecte. Alberdi adelantó algún párrafo clave de la futura ley: "La difusión de imágenes o nombres que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, determinará la intervención del ministerio fiscal, que instará las medidas cautelares y de protección previstas en la ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados".

La ministra de Asuntos Sociales se despidió de la Comisión que preside la senadora Victoria Camps dejando claro la "degradación televisiva que todos podemos ver", aunque se consoló diciendo que no es privativo de España y que ocurre en la mayoría de los países.