El comisario Ballesteros será juzgado por no cooperar en la investigación de un atentado
El comisario Manuel Ballesteros, asesor del Ministerio del Interior, será juzgado el próximo día 16 de febrero, en San Sebastián, por su negativa a facilitar a la Justicia la identidad de tres informadores suyos que cruzaron la frontera de Irún después del atentado que en el año 1980 se cometió en el bar Hendayais de la localidad de Hendaya (Francia) y en el que murieron tres personas y una decena sufrieron heridas de diversa consideración.Esta es la segunda ocasión en la que el comisario Ballesteros se sienta en el banquillo de los acusados por su decisión de no revelar al juez la identidad de sus confidentes.
La acusación particular, ejercida por cinco ayuntamientos vascos, y por grupos y personas particulares, pide para el comisario Ballesteros 20 años de inhabilitación especial por el presunto delito de prevaricación y otros 10 por el delito de desobediencia o denegación de auxilio a la justicia.
El Ministerio fiscal cree que los hechos por lo que ha sido procesado es "cosa ya juzgada", ya que Ballesteros fue condenado en el año 1985 por haberse negado a facilitar los nombres de sus informadores.
Los hechos que han motivado la vista sucedieron hace 14 años, cuando tres personas cruzaron violentamente el puesto fronterizo de Irún y se entregaron a la policía española minutos después de haberse cometido un atentado en un bar de Hendaya. La acción terrorista fue reivindicada posteriormente por el denominado Batallón Vasco Español.
Las tres personas pidieron autorización para realizar una llamada de teléfono, tras la cual la policía les dejó en libertad. Ballesteros se ha negado a lo largo de estos años a revelar la identidad de sus confidentes alegando que desconocía los nombres de esas personas.
La Audiencia Provincial de San, Sebastián condenó en 1985 a Manuel Ballesteros a tres años de suspensión de sus funciones por denegación de auxilio a la Justicia. Posteriormente fue absuelto por el Tribunal Supremo.
En la sentencia del alto tribunal se dejó abierta la posibilidad de que Manuel Ballesteros fuera nuevamente interrogado sobre el caso, al entender que actuó en "la creencia errónea" de que era más importante preservar la identidad de los confidentes que trabajaban en temas antiterroristas que informar a la Justicia.
A petición de la acusación particular se instruyeron nuevas diligencias y se solicitó que Ballesteros prestara testimonio. El comisario no modificó su posición y alegó desconocer la identidad de los confidentes.
El letrado de la acusación ha pedido que testifique, entre otros, el comisario general de Información, Jesús Martínez Torres.
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