Propuesta de Sala para evitar conflictos con el Constitucional
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudió en su reunión de ayer la queja de una sala del Tribunal Supremo contra la sentencia del Constitucional sobre paternidad y acordó por unanimidad promover un estudio para desarrollar legislativamente el artículo 53.2. de la Constitución, sobre protección de derechos fundamentales. El pleno, que se prolongó por la tarde, remitió copia de su propuesta al presidente del Gobierno, a los del Congreso y el Senado, y al del Tribunal Constitucional.El presidente del Poder Judicial, Pascual Sala, afirmó que el conflicto debe resolverse con la autodisciplina de ambos tribunales y el desarrollo legislativo de dicho precepto de la Constitución. El artículo 53.2 prevé un procedimiento judicial preferente y sumario para recabar la tutela de las libertades y derechos fundamentales ante los tribunales de la jurisdicción ordinaria.
El presidente del Poder Judicial añadió que ya existe suficiente jurisprudencia sobre derechos fundamentales para que su tutela pueda ser ejercida en parte por los tribunales ordinarios, por ejemplo, el Tribunal Supremo.
Suspendida la juez marbellí
El pleno del Poder Judicial acordé, también por unanimidad, suspender en sus funciones a la juez de Marbella Blanca Esther Díaz, hasta que se conozca el resultado de una querella admitida contra ella por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La querella fue presentada por un ex oficial de los juzgados de Marbella, Juan Ramírez, a quien la juez Díez mantuvo en prisión incomunicada mientras investigaba un posible fraude en la venta del Casino de Marbella. Ramírez la acusó de no tramitar media docena de escritos de recusación dirigidos contra ella y de resolver finalmente ella misma el incidente, lo que legalmente no puede hacer.
Tras conocer la suspensión de sus funciones judiciales, la juez Díez afirmó que no tiene "confianza en los recursos ni en los tribunales", informa Jorge Luis Soria. "No reconozco a la sala que me juzga porque no la considero imparcial", indicó Blanca Díez, tras reafirmar que existe "corrupción judicial" en los juzgados de Marbella.
"Seguirá la corrupción con más fuerzas porque hay intocables", manifestó la juez, para quien, con la suspensión, "se intenta acabar conmigo y tapar la corrupción". "Parece que a alguien le urge mucho que me suspendan", añadió la magistrada, quien apostilló: "He pagado un alto precio por denunciar la corrupción y porque haya aparecido, no porque yo lo dijera, el nombre de José Luis Manzanares", vicepresidente del Poder Judicial.
