El Poder Judicial exige responsabilidades penales y disciplinarias por la actuación policial en Nigrán

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimiaad expresar al ministro del Interior, Antoni Asunción, su "más enérgica protesta por la actuación de las fuerzas de seguridad" en el escenario de la matanza de Nigrán (Pontevedra), por decidir el levantamiento de los cadáveres y la recogida de los casquillos sin avisar al juez de guardia. El Poder Judicial exige por ello que se depuren responsabilidades tanto disciplinarias como criminales, después de laprotesta que le fue elevada por el Tribunal Superior de Galicia. El presidente del Poder Judicial, Pascual Sala, aseguró que, desde el punto de vista procesal, "los hechos tienen una gravedad suficiente como para que no Puedan dejarse Pasar sin responsabifidad".

La protesta remitida al Ministerio del Interior menciona la actuación de las fuerzas de seguridad "en relación con la preceptiva e insoslayable intervención judicial que debió producirse en los sucesos ocurridos el pasado 1 de febrero en el municipio de Nigrán". De forma lacónica, pero con una contundencia inusual, el Poder Judicial insta a Interior a que depure responsabilidades disciplinarias y ha pedido al fiscal general del Estado, Eligio Hernández, que exija las responsabilidades criminales que procedan.Pascual Sala precisó en rueda de prensa que no se distingue entre unos y otros cuerpos de seguridad presentes en el lugar del crimen porque ese extremo no le parece relevante al Consejo. Tampoco quiso polemizar sobre las excusas policiales para el traslado de los cuerpos: "El Consejo dice lo que tiene que decir, que es hacer referencia a un hecho en el que se ha producido una transgresión legal".

La reacción del Consejo responde a una queja del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por "la pasividad de los miembros de la Guardia Civil" para poner en conocimiento del juez de guardia el cuádruple asesinato. El juez no tuvo conocimiento de los hechos hasta que le llamaron de los centros médicos donde se encontraban los cuerpos, y tuvo que telefonear varias veces a la Guardia Civil sin que fueran atendidas sus demandas de información.

Tras "localizar dificultosamente" la casa donde se cometieron los cuatro asesinatos, el juez se encontró con que no se había aislado ni precintado el lugar, se habían trasladado los cadáveres, se habían recogido los casquillos de bala y "se impidió con todo ello una eficaz actuación judicial".

Mientras, el policía Manuel Lorenzo, uno de los dos detenidos por la matanza, realizó dos llamadas al exterior en la noche del 31 de enero en las que informó a alguien de que todo iba bien, según fuentes de la investigación que cita Servimedia. Sin embargo, los abogados de la causa dudan que esas llamadas fueran reales, pues David, uno de los dos supervivientes, declaró que el policía sólo marcó cuatro números.

El letrado vigués Luis Lorenzo Cuervo decidió ayer renunciar a la defensa de Manuel Lorenzo Vázquez, informa Xosé María Palmeiro. Luis Lorenzo comparte despacho con su hermano Ramiro, e inicialmente habían aceptado la defensa de oficio de los dos inculpados, pero las contradictorias declaraciones de ambos llevaron al abogado Luis Lorenzo a considerar que la defensa de los dos agentes era incompatible desde un bufete común.

El ministro del Interior, Antoni Asunción, aseguró ayer en el Congreso de los Diputados que la Brigada de Asuntos Internos no logró reunir pruebas suficientes para separar del servicio a Manuel Lorenzo, el policía acusado de ser el autor material de los cuatro asesinatos en Nigrán, informa Camilo Valdecantos.

Antecedentes del policía

Asunción respondía a una pregunta del diputado popular Mariano Rajoy para que justificase por qué seguía Manuel Lorenzo en el servicio después de que fuese tenido como hombre conflictivo, separado de la escolta del delegado del Gobierno en el País Vasco por su carácter pendenciero, y vigilado por la brigada anticorrupción tras ofrecerse a la esposa del narcotraficante Laureano Oubiña, encausado en el juicio de la Operación Mago, para asesinar al confidente Ricardo Portabales.

Para Mariano Rajoy, estos antecedentes hubieran sido suficientes para separar del servicio al agente que, con su actuación, "rompe la confianza indubitable que los ciudadanos deben tener hacia las fuerzas de seguridad", según el parlamentario del PP.

Antoni Asunción aseguró que el Ministerio del Interior hace un "seguimiento minucioso de posibles conductas reprobables" de los funcionarios y que, por lo que respecta a Lorenzo, no fue posible continuar su persecución policial después de que Esther Lago, la mujer de Mariano Oubiña, se negase a mantener ante el juez la denuncia inicial sobre la proposición de asesinato de Portabales.