El Gobierno, dispuesto a intervenir PSV si no exige dinero público

El Ministerio de Trabajo está dispuesto a trasladar de nuevo al Consejo de Ministros el caso de la cooperativa PSV y "su intervención temporal en grado máximo" por varios administradores que nombrará el juez encargado de la suspensión de pagos, siempre que los cooperativistas acepten dos condiciones: no habrá dinero público para salvar el proyecto y tendrán que asumir retrasos e incrementos en los precios de las viviendas, según señaló ayer el director general de Cooperativas, Juan José Barrera y confirmaron fuentes del ministerio.La intervención temporal de PSV por parte de los administradores judiciales, según explica Barrera, implica la sustitución del máximo órgano de control de PSV, su asamblea de socios, lo que únicamente puede decidir el Gobierno en base al artículo 152 de la Ley de Cooperativas, que contempla las diferentes hipótesis de intervención. El Gobierno no nombrará funcionarios directamente, sino que asumirá los que nombre el juez.

Respecto a aumentos en los precios, éstos dependerán de los resultados de la auditoría que está elaborando Arthur Andersen.

La intervención urgente de la cooperativa fue solicitada una vez más por la dirección de UGT el pasado lunes, en línea con la petición cursada por el juzgado de instrucción número 63 de Madrid, que se encarga de la suspensión de pagos de PSV. En el mismo sentido se pronunció ayer el grupo de IU en la Asamblea de Madrid. Barrera mantuvo ayer una reunión con representantes de los cooperativistas, a quienes explicó el nuevo planteamiento del Gobierno.

Ratificar la suspensión

La intervención temporal tendrá por finalidad facilitar la ratificación de la suspensión de pagos de PSV mediante la sustitución de la asamblea general de socios de la cooperativa, único órgano de control que tiene facultad legal para ratificar. De esta forma, serán los administradores nombrados por el juez José Antonio Enrech quienes ratificarán la suspensión. Inmediatamente después, los administradores elaborarán el convenio de acreedores.

Por otra parte, en tomo a un millar de cooperativistas de PSV se manifestaron a primeras horas de la noche de ayer en las proximidades del Congreso, informa Cainilo Valdecantos, sin que la policía les permitiera llegar a la sede del Parlamento. Después, un centenar de ellos se encerró en la Iglesia de Jesús de Medinaceli de Madrid, para pedir la intervención del Gobierno.

Por su parte, el juez Miguel Moreiras tendrá que decidir, a partir de hoy, si se declara competente para instruir dos querellas de afectados de PSV en Tarrasa y Martorell y una denuncia de 153 afectados de Badalona, que ayer remitió a la Audiencia Nacional la fiscalía de Barcelona, informa Julio M. Lázaro.