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CONFLICTO ENTRE JUECES

Las asociaciones judiciales apartan al Rey de una polémica que ven positiva

Tres asociaciones judiciales se pronunciaron ayer con cautela sobre el conflicto y coincidieron en que el Rey poco puede hacer para resolverlo. La mayoría de los magistrados consultados consideran positivo que el fondo del problema haya saltado a la palestra, aunque sea de forma intempestiva.Asociación Profesional de la Magistratura. Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, explicó que, al anular la sentencia del Supremo sobre la investigación de la paternidad y declarar firme la dictada por la Audiencia Provincial, el Constitucional "actuó como tribunal de casación". En su opinión, "bastaba con anular la sentencia del Supremo para que éste hiciera lo que correspondiera".

En cuanto a la decisión de enviar un memorándum al Rey, estima que plantea "una situación inusitada y un conflicto institucional", si bien cree que "constitucionalmente no es imposible dirigirse al Rey". Añade que, "en la práctica, es imposible que el Rey pueda hacer algo más que una simple exhortación para resolver un conflicto de técnica jurídica".

Sobre el fondo del asunto, el presidente de la APM cree que "el desarrollo del amparo jurisdiccional previsto en el artículo 53.2 de la Constitución impediría la actual invasión del Tribunal Constitucional".

Jueces para la Democracia. El magistrado de la Sala Segunda, de lo Penal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, portavoz adjunto de la asociación progresista Jueces para la Democracia, declaró que la decisión de la Sala Primera de lo Civil del Supremo "plantea un delicado conflicto institucional, que nunca debió llevarse al terreno de comprometer al Rey". Martín Pallín añadió que, "en todo caso, las diferencias de criterio y los posibles conflictos entre el Supremo y el Constitucional tienen que canalizarse a través de sus órganos representativos".

Unión Judicial Independiente. Arturo Beltrán, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y portavoz de la UR declaró que "la ventaja de la postura de la Sala Primera es que, por su espectacularidad, pone el problema sobre la mesa; la duda es si son buenas estas espectacularidades". Para Beltrán, "el problema se venía venir, y tenía que ocurrir antes o después porque, prescindiendo de los fallos humanos que hayan podido producirse, las competencias del Constitucional están mal definidas y es inevitable que, de vez en cuando, se produzcan estas invasiones". En su opinión, el declarar firme la sentencia de la Audiencia constituye "una invasión por parte del Constitucional".

Beltran añadió: "La actuación de la Sala Primera nos ha sorprendido a todos, porque sabemos las limitaciones constitucionales del poder arbitral del Rey".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de febrero de 1994