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CONFLICTO ENTRE JUECES

El PP propone una reforma legislativa para evitar conflictos

El Partido Popular (PP) propuso ayer una reforma de las normas por las que se rige el Tribunal Constitucional y de las leyes procesales correspondientes para evitar que puedan producirse situaciones como la creada por la Sala Primera del Tribunal Supremo. José María Aznar sugirió en Bilbao un debate para mejorar el funcionamiento del Constitucional. Federico Trillo, portavoz de Justicia del PP, fue más explícito e invitó al resto de los grupos parlamentarios a iniciar conversaciones para acometer esas reformas.En privado, diputados del PP de reconocida cualificación como juristas comentaron que la postura de la Sala Primera que preside el magistrado Gumersindo Burgos es un auténtico "golpe de togas" y mostraron abiertamente su estupor por la actitud que ha adoptado la Sala.

Trillo, acompañado del diputado Julio Padilla, que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial, explicó que en modo alguno puede hablarse de conflicto de competencias, porque no es técnicamente posible que una sala del Supremo lo plantee ante el Rey y porque éste no es una figura constitucional que pueda entrar en conflicto con el Poder Judicial.

Para Trillo, la única solución para un conflicto que se ha planteado numerosas veces, aunque ahora haya saltado a la luz de forma estridente, es la reforma legislativa correspondiente, que delimite funciones, descargue de trabajo al Constitucional -que debe resolver anualmente unos 4.000 recursos de amparo- y concilie sus competencias con la jurisdicción ordinaria.

Manuel Fraga, presidente de la Xunta y miembro de la ponencia que redactó la Constitución, declaró en Antena 3 Radio que el problema no quedó claro en la Carta Magna y, en su opinión, "fue un error llevar directamente al Constitucional ( ... ) los recursos de amparo". Para Fraga, "ésa era una función del Supremo, donde debía haberse creado una sala especial, la más importante; pero, una vez que el Constitucional interviene como instancia directa, van a surgir constantemente problemas con el Supremo".

José María Mohedano, portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, declaró que su grupo no ha debatido este asunto y, a título personal, explicó que, "sin perjuicio de que todo se puede discutir, no parece necesario reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional porque es un problema que exige extraordinaria prudencia, ya que podría acabar afectando a la propia Constitución". Para Mohedano, "cuando el Constitucional tiene que entrar en lo que es el contenido esencial de un derecho fundamental, a veces es inevitable que roce con la interpretación de la legislación ordinaria, en la medida en que esa legalidad afecte al contenido esencial de esos derechos".

Julio Anguita, coordinador de IU, dijo que, antes de estallar el conflicto, "quizás podía haber habido una posibilidad de acuerdo" entre ambos tribunales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de febrero de 1994