Reforma laboral, un compromiso y una necesidad

Compromiso, necesidad y convicción son tres conceptos que definen la reforma laboral que el Gobierno ha presentado en el Parlamento.Esta voluntad política del Gobierno socialista de reformar nuestro mercado de trabajo para atajar y corregir sus efectos insolidarios fue ya expresada nítidamente en la anterior legislatura, en un documento que remitió al Consejo Económico y Social (CES) en la primavera de 1993. Con la convocatoria de las elecciones generales, esta voluntad política quedó plasmada en el programa electoral del PSOE, y se convirtió así, a partir del 14 de julio, en un compromiso de Gobierno.

Releer seis meses después el programa socialista es la primera y principal vía para comprobar a qué responden, una por una, las medidas de reforma remitidas al Parlamento. Allí se especifica qué se impulsará.

- "Una política de rentas basada en la moderación de salarios y beneficios".

Una reforma Urgente y profunda" de la actual legislación del mercado de trabajo, "que está repleta de rigideces y obstáculos a la creación de empleo en un mercado abierto".

- Una reforma que responda a los siguientes criterios: "El retorno a formas estables de contratación, el aumento de la movilidad interna y externa de, las empresas, la ampliación de las cuestiones objeto de negociación colectiva y la mejora de los servicios de formación profesional".

- "Reformar el Inem, perfeccionando su función de mediación entre trabajadores y empleadores, para adecuar de forma ágil y eficaz las demandas y ofertas de trabajo".

- "Regular las empresas de trabajo temporal".

- 'Promover los contratos a tiempo parcial e introducir la figura del aprendiz".

- "Dotar al mercado de trabajo de una mayor flexibilidad para facilitar la adaptación de las empresas a los cambios técnicos o a las condiciones del mercado y facilitar la movilidad de los trabajadores".

- "Impulsar el reemplazo de las ordenanzas laborales por normas pactadas entre empresarios y trabajadores y, en su caso, promover su derogación".

- "Adaptar nuestro ordenamiento laboral al comunitario", etcétera.

No cabe, pues, mayor precisión en lo que fue nuestro compromiso ni en la forma de hacerlo efectivo que la reforma del mercado de trabajo hoy en el Parlamento. Se trata de enriquecer la negociación colectiva; eliminar obstáculos al mantenimiento y creación de empleo; facilitar la adaptación de las empresas a las circunstancias concretas y reales antes de recurrir al ajuste de plantillas; favorecer la inserción de las personas con más dificultades -para acceder a un empleo; e impulsar una política de moderación de rentas que consiga un aumento de la ocupación en nuestro país. Ésos son algunos de los elementos definitorios de las leyes presentadas por el Gobierno para hacer efectiva una reforma global y equilibrada de nuestro mercado de trabajo en el que el diálogo empresarios-sindicatos adquiera la preponderancia que tiene en todos los países de la Unión Europea.

Decía hace unos años Luciano Lama, histórico líder sindical italiano de trayectoria y posición ideológica inequívocas, que "los que entre nosotros han insistido fundamentalmente en el crecimiento salarial han sido, sin quererlo, aliados objetivos de las fuerzas políticas más conservadoras".

Añadía, además, que "no podemos seguir obligando a las empresas a mantener en sus dependencias un número de trabaja dores que supera sus posibilidades productivas".

La cita puede parecer provocadora si se considera el alto índice de desempleo de nuestro país y el persistente incremento del número de demandantes de empleo. Es, no obstante, oportuna a la vista de nuestra más reciente y concreta realidad, en la que la situación de crisis económica ha producido en 1993 un incremento de 345.000 nuevos desempleados inscritos y a la vez un crecimiento salarial superior en un 20% a la evolución de los precios. Estos datos confirman que el funcionamiento del mercado de trabajo español muestra claros síntomas de insolidaridad entre quienes están ocupados y quienes pretenden acceder a un empleo, y algo, o mucho, tiene que ver en ello el marco normativo vigente, como reiteradamente han manifestado los expertos y ha ratificado el Libro Blanco de la Comisión Europea, que cita a España como un mal ejemplo de dificultades para crear empleo. Las. cosas han cambiado tan radical y rápidamente en los últimos años que algunos viejos conceptos reclaman una pronta revisión. Y, desde luego, conviene siempre tener presente que la contraposición capital-trabajo- sólo puede resolverse haciendo pervivir la empresa.

Es hora de abandonar clichés y buscar los márgenes de competitividad de nuestra economía fomentando la cultura del diálogo y el acuerdo empresa-trabajadores que permita salvaguardar el empleo existente en primer término, y la creación de nuevos puestos de trabajo a continuación.

Razones para sustentar la necesidad de la reforma, aquí y, ahora, han sido esgrimidas por práctica mente todas las fuerzas políticas, y también por agentes eco nómicos y sociales. Más allá de declaraciones nominalistas o de titulares de impacto, la necesidad de la reforma se explicaría contestando, entre otros, a los siguientes interrogantes.

-¿Por qué nuestra economía, aun en etapas de fuerte crecimiento, es incapaz de rebajar la tasa de paro por debajo del 14%-15%, es decir, más del doble de la de cualquier pais comunitario?

-¿Cómo es posible que en muchas empresas españolas coincidan en el tiempo un expediente de regulación de empleo, con parte de los trabajadores percibiendo el desempleo, y subidas salariales por encima del índice de precios?

-¿Se repiten en otros países balances como el español de 1993, en que el número de desempleados inscritos en el Inem crece en 345.000 personas mientras los salarios crecen mucho más que los precios?

- Con una tasa de paro juvenil de más del 40%, ¿es responsable y progresista defender el mantenimiento del status legal vigente? ¿Qué respuesta debe dar la sociedad a su demanda de empleo? ¿Deben esperar su oportunidad? ¿No es mejor ofrecerles un camino específico que incentive, su contratación?

-¿No hay otros remedios, igual de útiles para salvaguardar una empresa que atraviesa dificultades, distintos del despido de una parte de sus trabajadores aunque sea con fuertes indemnizaciones? ¿No es más solidario aplicar acuerdos de moderación salarial, de modificación de condiciones de trabajo, de movilidad o de reducción salarial antes de llegar a la drástica solución de la destrucción de puestos de trabajo?

No es arriesgado afirmar que algo falla en nuestro marco laboral cuando produce resultados tan insolidarios. La reforma parece, pues, claramente necesaria. Una reforma que mueve a empresarios y sindicatos para que busquen, consensuadamente, otros caminos para preservar el empleo, incrementar los puestos de trabajo. Son precisamente empresarios y sindicatos, los protagonistas del nuevo marco de relaciones laborales, los que tienen que hacerlo efectivo mediante el diálogo y el acuerdo, preservando los derechos explícitamente reconocidos a los trabajadores y haciendo éstos compatibles con la mejora de competitividad de cada empresa.

Esta reforma apuesta por la madurez de empresarios y sindicatos para ejercer su autonomía colectiva, para dialogar y llegar a acuerdos, para asumir conjuntamente los sacrificios que exige una situación, de crisis económica. Ha llegado el momento de reformar nuestras instituciones laborales y de hacerlas más compatibles con los sistemas de los países de la Unión Europea; es hora de pasar de un sistema de transición prolijo en regulación estatal, a otro de integración que sitúe el diálogo empresarios-sindicatos como eje de la adaptación constante y el progreso de las relaciones laborales.

El Gobierno tiene la firme convicción de que el progreso se mide, en estos tiempos, en términos de solidaridad con el empleo. Nada es más insolidario y conservador que sacralizar textos legales, defender el inmovilismo, acostumbrarse a convivir con altas tasas de paro sin hacer nada, sin proponer alguna solución. Nada es más transgresor de la igualdad de oportunidades que la desesperanza de esos millones de españoles que buscan afanosamente un empleo.

La reforma laboral que se ha presentado para su aprobación al Parlamento es, por ello, el fruto de la responsabilidad y de la convicción del Gobierno de que es preciso actuar; es inaplazable para abrir una puerta a la inserción laboral de los jóvenes con serias dificultades para encontrar empleo; es conveniente para que las empresas encuentren una salida a los retos de la competitividad reforzando su vitalidad y preservando el empleo existente; y es ineludible para adaptamos al cambio pro fundo que se ha producido en el orden económico mundial.

Es verdad que la más eficaz de las reformas sería la que naciese del acuerdo entre empresarios y trabajadores, porque ellos van a ser los que la apliquen. Un acuerdo que el Gobierno buscó insistentemente en meses de reuniones, con propuestas que intentaron acercar a unos y otros, y con un espíritu de diálogo que se pudo hacer patente en la modificación de algunas -bastantes de las posiciones iniciales. Un acuerdo que, aunque no ha sido posible hasta ahora, el Gobierno continuará fomentando y que, de producirse, debería incorporarse al proyecto de ley remitido al Parlamento. Con esa lógica, y no otra, se inició el diálogo social, y ningún hecho debe rectificarla: la del acuerdo entre los protagonistas de la relación laboral, empresarios y sindicatos.

Y sin olvidar en ningún caso que el Gobierno tiene el compromiso y la responsabilidad de mejorar nuestro mercado de trabajo, de adaptar nuestras instituciones laborales a los nuevos tiempos y de colocar a nuestro país, y por ende a las empresas españolas, en situación de ganar el reto de la competitividad. Sólo así podrá facilitarse la creación de empleo.