Seis árbitros pondrán orden en las competencias del País Vasco

Una comisión arbitral se encargará de dar y quitar la razón en los frecuentes conflictos de competencias que proliferan en el País Vasco, donde coexisten cuatro ejecutivos y cuatro legislativos. Según el proyecto de ley aprobado ayer por el Gabinete de José Antonio Ardanza, el Gobierno vasco, el Parlamento de Vitoria, las tres diputaciones forales y las tres juntas generales, además de los ayuntamientos, podrán acudir en el futuro a seis árbitros con capacidad de poner orden en el complejo entramado de poderes de la comunidad.La comisión tendrá un amplio campo en el que ejercer su actividad arbitral, ya que, en el País Vasco, los municipios, las diputaciones y el Gobierno se disputan las competencias en promoción de empleo, turismo, cultura, vivienda e incluso en agricultura, entre otras materias. Es lo que el Círculo de Empresarios denomina "duplicidad nefasta".

Hasta hace dos legislaturas, los conflictos que generaba la enorme Administración vasca, se solucionaban en el seno del PNV, y, desde ese momento, tras el pacto PNV-PSE, con el concurso de los socialistas.

Sin embargo, el Gobierno vasco dio ayer luz verde, después de 11 años de anteproyectos y tras un recurso de inconstitucionalidad al anterior texto, al órgano que tiene que desarrollar esa actividad, de forma independiente y ajena a los partidos. El proyecto, que iniciará el trámite parlamentario, será previsiblemente aprobado en la Cámara.

El departamento de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico ha desplegado una intensa negociación con los partidos para que el último eslabón del desarrollo interno del Estatuto de Gernika quede engarzado en el entramado institucional vasco con el máximo consenso. Tan sólo Unidad Alavesa plantea una enmienda a la totalidad.

La comisión se convertirá en un Tribunal Constitucional vasco, pero centrado estrictamente en cuestiones de competencias. Eso sí, sin una infraestructura permanente, y con dietas por número de casos, en vez de salarios. Encabezado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y con seis miembros más elegidos de forma paritaria entre los dos bandos -instituciones comunes y forales-, tendrá que resolver las "cuestiones de competencia" referentes a leyes y normas forales (máximo rango legislativo de los parlamentos forales, las juntas generales), y los "conflictos de competencia" cuando su rango sea inferior a ley o norma foral.