Riesgo de colapso en la Audiencia Nacional por un plus de 30.000 pesetas

Los jueces de la Audiencia Nacional se han rebelado contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de negar a sus subordinados un plus por desempeño de funciones fuera del horario de unas 30.000 pesetas mensuales. Carlos Bueren y Manuel García CastelIón, titulares, respectivamente, de los juzgados 1 y 5, planean ordenar a sus subordinados que no realicen más horas extra gratis. Esto bloqueará la operatividad de ambos juzgados -con el mayor número de presos y procesos-, ya que sus operaciones antidroga y antiterroristas suelen rematarse fuera del "horario establecido".

Los jueces Bueren y García Castellón estiman que no tienen autoridad moral para pedir a sus subordinados que trabajen por las tardes, e incluso hasta la madrugada, sin ninguna compensación. A ese exceso de horas se ven sometidos frecuentemente como consecuencia de las numerosas operaciones antidroga y antiterroristas que emanan de tales juzgados, que actualmente acumulan medio millar de detenidos y decenas de operaciones.La ausencia de funcionarios a partir de las tres de la tarde, que en otras oficinas judiciales supondría sólo un mero retraso en la tramitación de las causas, en el caso de la Audiencia Nacional supone que no se puedan llevar a cabo las habituales operaciones antidroga o contra el terrorismo, en las que los funcionarios se desplazan al escenario de la redada con el juez, quien toma declaraciones en el mismo lugar de los hechos.

'Despacho móvil'

Esto permite al magistrado que tras cada interrogatorio -inviable si un funcionario no anota la declaración-, decida sobre su inmediata puesta en libertad o su ingreso en prisión. En caso contrario, todos los detenidos deberían ser trasladados a Madrid en coches policiales, separados al estar incomunicados y vigilados por sus respectivas dotaciones. Este gasto de movilización de coches y funcionarios policiales se reduce al mínimo con la criba efectuada por el juez en su despacho móvil.La agilidad del interrogatorio sobre el terreno permite al juez dictar más órdenes de detención sobre la marcha o de registro o de cualquier diligencia que estime oportuna -bloqueo de cuentas corrientes o intervención de teléfonos, por ejemplo-. Esta labor exige funcionarios que redacten las órdenes y vayan informando a los policías.

Igualmente, concluida la fase de detenciones, las sucesivas tomas de declaración en Madrid de los detenidos en la redada, de no establecerse horarios de tarde y aun de madrugada, se prolongarían semanas o meses -el juzgado ha de atender otros casos y entrar en labores de guardia-, con el consiguiente efecto en la prolongación de privaciones inútiles de libertad y en la merma de la efectividad de una declaración que, usada con retraso, impediría detener a alguien o localizar armas o drogas.

Paradójicamente, a diario, decenas de afectados por la colza atruenan con tambores, silbatos y cánticos la Audiencia Nacional por el retraso en su sumario, en fase final en el Juzgado de Instrucción número 1. El estruendo hace difícil, por no decir imposible, el trabajo en la sede judicial.

La comisión permanente del Poder Judicial acordó, el pasado 21 de diciembre, "remitir al Ministerio de Justicia, con informe desfavorable de este consejo", las propuestas formuladas por los juzgados números 1 y 5 de la Audiencia Nacional para otorgar "un régimen especial de retribuciones complementarias en razón al desempeño de funciones fuera del horario de trabajo establecido en la jornada continuada".

450.000 pesetas al mes

Tan pomposa descripción refleja unos discretos guarismos. Un funcionario con nivel de oficial percibiría un plus de 40.560 pesetas brutas, que sería de 30.420 pesetas para un auxiliar y 20.280 para un agente. En total, Justicia tendría que aportar mensualmente una cifra apenas superior a las 450.000 pesetas como suma de todos estos pluses para los cerca de 15 funcionarios beneficiarios de tal complemento de ambos juzgados. La nómina mensual bruta de un oficial asciende en la actualidad a 220.000 pesetas, mientras que un auxiliar gana 160.000.El Poder Judicial ha reclamado al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, que formule "un plan general detallado y motivado del volumen de trabajo de cada juzgado central de instrucción en relación con su plantilla, con el fin de poder valorar de forma objetiva si resulta imprescindible por parte de determinados funcionarios la prestación de funciones fuera del horario establecido". La mayoría de las operaciones antidroga o antiterroristas son fruto de una planificación previa -la casualidad en estos pagos apenas existe- y se desarrollan fuera del horario establecido.

El reciente registro de la sede del diario Egin y todas las fases de operaciones de droga como la Santino o la Pitón se iniciaron de noche o de madrugada -a esas horas los detenibles se hallan en su domicilio y es menos visible el despliegue- De madrugada se interrogó a los detenidos en la última redada de etarras en Guipúzcoa para despejar urgentemente las sospechas de malos tratos.