De la asistencia a la integración

El señor Robles Fraga publica un artículo en EL PAÍS del pasado día 28 en el que, bajo el título Una falacia inútil y caprichosa, se pretende ingnorar el considerable esfuerzo de solidaridad frente a la tragedia yugoslava realizado por todos los españoles, empezando por el propio Gobierno, que ha sido además objeto de reconocimiento en todos los foros internacionales.En efecto, en menos de un año se ha instalado en nuestro país, que no contaba con presencia significativa alguna de personas procedentes de la exyugoslavia, una comunidad que hoy puede cifrarse en cerca de 6.000 personas residentes en España como consecuencia del conflicto yugoslavo.

Por otra parte, España ha sido -con excepción de Italia- el último país que ha introducido un sistema de visados con Bosnia-Herzegovina, medida que no sólo fue adoptada con anterioridad por los demás miembros de la Unión Europea, sino también por países como Suecia, Suiza, Noruega, Finlandia o Austria.

Deseo aclarar, por otra parte, que los programas privados de acogida a los ciudadanos ex-yugoslavos no están cerrados, y que han dejado de ser programas asistenciales a desplazados para transformarse en programas de integración real en nuestro país, por lo que irán concluyendo en la medida en que las personas acogidas a ellos sean plenamente autónomas.

A nadie se le oculta que las dificultades de la integración son múltiples y que también es importante tanto nuestra falta de experiencia en programas de integración de desplazados por conflictos bélicos como la escasez de recursos humanos cualificados para llevarlos a cabo. No obstante, el balance es sumamente positivo, puesto que a lo largo de este año han ido formándose redes de voluntarios y técnicos de las administraciones, que han venido realizando un trabajo conjunto y coordinado.

Hoy, concluida la etapa asistencial -en la que se garantizaba la asistencia sanitaria, la escolarización, el alojamiento y la manutención-, se ha iniciado la fase de integración, adoptándose medidas en las áreas de sanidad, educación, trabajo y servicios sociales que, en su conjunto, suponen una sustancial ampliación de la protección social de este colectivo (así entre otras medidas, se ha gestionado la obtención de permisos de trabajo, la escolarización completa entre los tres y los 16 años, y se está tramitando la convalidación de títulos medios y universitarios ante los correspondientes rectorados). Por otra parte, siguen llegando a nuestro país desplazados por motivos de agrupación familiar.

El programa del Gobierno de acogida a mil ex detenidos y sus familiares funciona satisfactoriamente y aún no se ha cubierto el cupo. Recientemente, la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha solicitado que se acojan 113 nuevos casos. Una vez cerrados la mayoría de los campos de prisioneros, no se prevé que ese cupo llegue a cubrirse y, en cualquier caso, se mantendrá abierto, por lo que parece necesario ampliarlo. El número de personas acogidas a aquel programa está al mismo nivel medio que los demás países comunitarios.

Cabe la posibilidad de ofrecer el cupo remanente, si no se cubre con casos de ex detenidos y sus familiares, como es el caso de mujeres violadas. España se ha comprometido a ello en una declaración comunitaria y nada podría oponerse a tal iniciativa si los casos son presentados con suficientes garantías por las organizaciones internacionales gubernamentales que trabajan en la zona.

El señor Robles olvida asimismo el programa de acogida a los judíos sefardíes, que fue el primero llevado a cabo por España y por cualquier otro país de la Unión Europea y que permitió a nuestro Gobierno reanudar una generosa tradición precisamente en un año tan significativo como el de 1992. El programa de acogida a judios sefaries no tenía cupo, acogiéndose a él un total de 120 personas. Nada impide tampoco que, una vez que resulte posible abrir Sarajevo, puedan acogerse a él, si se presentan, nuevos casos de judíos sefardies.

Por último, es oportuno aclarar que las razones que han movido al Gobierno a implantar la necesidad de visado para los ciudadanos bosnios no han sido baladies, sino graves y muy serias No se trata con esta medida de impedir la llegada a España de personas necesitadas sino que, por el contrario, se pretende canalizar ordenadamente la venida de aquellas personas que realmente lo precisen. Se intenta evitar, en cambio, la llegada de personas cuya identidad ofrezca dudas y con las que se tiene la sospecha de que al acogerlas, se podía estar contribuyendo de manera involuntaria a prácticas de limpieza étnica. En el caso de Bosnia, resultaba además imprescindible para documentar adecuadamente a las personas que llegasen, acogidas o no a los programas oficiales. La práctica ha demostrado la utilidad de esta medida, generalizada por lo demás entre los restantes países comunitarios. La concesión de visados a ciudadanos bosnios se hará, por descontado, con la suficiente flexibilidad como para atender todos los casos de auténtica necesidad, así como para fomentar las amistosas relaciones entre los dos países.

José Luis Dicenta Ballester es secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.