Javier de la Rosa hipoteca la sede de Grand Tibidabo para obtener un crédito de 400 millones de pesetas

Javier de la Rosa, presidente de Grand Tibidabo -de la que controla el 30% del capital-, ha hipotecado la sede social de la compañía para conseguir un crédito de 400 millones de pesetas, según informan fuentes financieras. El edificio, situado en la avenida Diagonal de Barcelona, fue adquirido hace dos años por 1.300 millones. El director general de Grand Tibidabo, Joan Cruells, explicó a este diario que la operación "se formalizó hace pocos meses y su cancelación se produjo el día 20". Fuentes financieras aseguran que el crédito está todavía en vigor.Grand Tibidabo es una -sociedad de inversión en Iq que De la Rosa ha agrupado la mayoría de sus participaciones empresariales, como el. 70% del parque Tibigardens, propiedades inmobiliarias en Guadalmina (Costa del Sol); el parque de la montaña del Tibidabo, en Barcelona; la juguetera Diset, y el 10% del Banco de Ibiza. Sin embargo, algunas de estas participaciones están hipotecadas como garantía de diversos créditos.

Aparte de Javier de la Rosa, el resto del capital está repartido entre unos 9.000 accionistas. Grand Tibidabo, según aseguran diversas fuentes consultadas, ha registrado tensiones financieras durante los últimos meses que le han obligado a retrasar algunos desembolsos, como el pago a los accionistas del dividendo de 1992. Estas tensiones han sido descartadas radicalmente por fuentes próximas a la sociedad. Cruells manifestó: "En pocos días se publicará el anuncio del reparto del dividendo, que se abonará a partir del día 31 de diciembre o a principios de enero".

Durante esta semana, la empresa de De la Rosa ingresará 1.000 millones de pesetas por la venta a Fecsa del 10% de Tibigardens. Para la eléctrica, la compra supone desembolsar 1.500 millones, pero sólo 500 irán directamente a Tibigardens. Esto se debe a que Grand Tibidabo tiene pendiente el pago de 6.000 millones en el capital de la promotora del parque, y Fecsa asumirá su parte. Este pago debía realizarse antes del 31 de diciembre, aunque Cruells afirmó que se ha acordado ampliar el plazo hasta el 31 de marzo.