El enemigo escucha

Durante la guerra civil española los carteles de propaganda alertaban a los ciudadanos de la retaguardia -el enemigo escucha- para que no facilitasen su tarea a los espías. Los tiempos de paz deberían rechazar esa situación hobbesiana sembradora de la desconfIanza universal; y un Estado de Derecho también debería diferenciarse de un sistema policiaco en que los ciudadanos pudiesen hablar por teléfono sin temor a que un batallón orwelliano -como algunos temen que esté ocurriendo ahora- registre sus opiniones políticas, sus confidencias amorosas o sus tratos de negocios.La Constitución de 1978 garantiza el secreto de las comunicaciones salvo que una resolución judicial motivada levante esa protección. Los servicios policiales y de inteligencia suelen esparcir la maliciosa idea de que los derechos fundamentales amparados por la norma fundamental pecan de un angelismo bobalicón, de forma tal que el Ejecutivo puede infringirlos sin el menor reparo (los falsos pudores de Corcuera) cuando la lucha contra la delincuencia o la razón de Estado así lo exijan. Sin embargo, las Cortes Constituyentes, libres de cualquier ingenuidad, admitieron la posibilidad de que una ley orgánica suspendiese el secreto de comunicaciones en los delitos terroristas; en el marco de ese mandato, el Ministro del Interior y el director general de Seguridad pueden ordenar escuchas, siempre bajo control judicial, en casos de urgencia.

Al anular el valor probatorio de las espeluznantes conversaciones mantenidas entre un preso de ETA y su abogado, indebidamente grabadas por la dirección de la prisión al amparo de un confuso artículo de la Ley General Penitenciaria, la Audiencia Nacional se ha limitado a recordar que las autoridades carcelarias no están facultadas para realizar ese tipo concreto de escuchas clandestinas y que sólo los jueces (y bajo su vigilancia el Ministerio del Interior) pueden ordenarlas. La decisión será probablemente mal entendida por los legos en derecho que no logren olvidar el escalofriante intercambio de propuestas asesinas cruzadas entre el sanguinario etarra encarcelado y el helado sacristán del crimen que le defiende.

Al Poder Judicial le corresponde, sin embargo, impedir que el Poder Ejecutivo derribe los muros de carga del edificio constitucional, justificando esos desmanes con especiosos argumentos que encubren sus ensueños de omnipotencia e impunidad. Es falso que la protección constitucional de los derechos humanos impida al sistema democrático combatir el terrorismo y el crimen. El Estado dispone de suficientes instrumentos para llevar esa lucha a buen fin; y si esas armas -a la vez constitucionales y eficaces- no son utilizadas por el Ejecutivo, la responsabilidad de la omisión recae sobre quienes no saben emplearlas adecuadamente (como le ocurrió probablemente al actual ministro del Interior cuando tenía a su cargo Instituciones Penitenciarias) o sabotean su recto uso con el demagógico propósito de fingirse indefensos y exigir luego el privilegio de la extraterritorialidad para los servicios policiales Y de inteligencia.