Hacia un nuevo orden económico mundial

EMILIO YBARRADespués de más de siete años y de numerosos aplazamientos en los que las complejas negociaciones parecían entrar en un punto muerto sin aparente posibilidad de solución, la firma del nuevo acuerdo del GATT, dentro de la Ronda Uruguay, es ya un hecho. Que el acuerdo se haya producido en un contexto como el actual, en el que la crisis atenaza la mayor parte de las economías occidentales y, por tanto, la tentación al recurso de políticas proteccionistas podía haber sido mayor, es un claro exponente de cómo el proceso de globalización de la economía mundial comienza a dictar sus leyes de forma inexorable. En la aceleración de este proceso han desempeñado un papel fundamental las nuevas tecnologías, que, al permitir aumen tar notablemente la capacidad productiva de las empresas, están obligando a éstas a buscar nuevos mercados en los que colocar sus excedentes. Paralelamente, las compañías transnacionales, que controlan más de un tercio de la producción total, se han convertido en poderosos canales de transferencia de tecnologías y sistemas de gestión empresarial, que antes estaban vedados a numerosos países. Si a ello se añade que el abaratamiento, rapidez y fiabilidad de los transportes internacionales está incidiendo en una pérdida de relevancia del factor geográfico a la hora de producir los bienes, no resultará extraña la creciente especialización regional del trabajo que se observa en el mundo. Todo ello se traduce, lógicamente, en un nuevo contexto en el que las interrelaciones comerciales entre países son cada vez más numerosas.Desde esta perspectiva, la progresiva construcción de ámbitos de actuación supranacionales debe considerarse como una consecuencia natural de la necesidad que experimenta la comunidad intemacional para dar respuesta a dicha realidad. Este ensanchamiento de los mercados comerciales está teniendo lugar, principalmente a dos niveles. El primero de ellos es el que hace referencia a la creación de ámbitos regionales de libre cambio compuesto por un grupo de países, unidos generalmente por su pertenencia a un mismo espacio geográfico. Desde el final de la II Guerra Mundial, son más de veinte los tratados de este tipo que han sido firmados, destacando entre ellos el Tratado de Roma, referencia obligada para otros posteriores, como la EFTA, la ASEAN, el reciente acuerdo de los tres países norteamericanos (TLC) o el firmado entre Brasil, Uruguay y Argentina. Sin embargo, llegados a este punto, conviene poner de manifiesto cómo, independientemente de los beneficiosos efectos que dichas agrupaciones puedan generar para el desarrollo del comercio entre los países que las forman, existe el peligro de que, frente al exterior, la creación de dichos mercados de libre cambio degenere en un proteccionismo de nuevo cuno, trasladando a las nuevas fronteras el que antes tenía lugar a nivel nacional. Por tanto, y con vistas a evitar la formación de agrupaciones comerciales de países, cerradas sobre sí mismas, resulta evidente, asimismo, la necesidad de avanzar hacia marcos de libre comercio más globales. Esto es lo que se ha tratado de conseguir, precisamente, mediante las sucesivas rondas del GATT, la última de las cuales, la de Uruguay, acaba de ser cerrada con éxito. De la complejidad que revisten los convenios firmados habla el hecho de que, a pesar de haberse abierto la ronda en 1986, haya sido preciso esperar al último día del plazo que las partes se habían dado para alcanzar el acuerdo. Y, como es. sabido, éste no habría sido posible si, 24 horas antes, Estados Unidos y la Unión Europea no hubieran conseguido llegar a un compromiso bilateral en torno al tratamiento que deberían recibir determinadas materias, como la agricultura, el sector audiovisual, el tráfico marítimo o el sector aéreo, sobre las que existían diferencias tan importantes que en muchos casos ha sido preciso dejar su resolución para futuras negociaciones. De los apartados que finalmente han conseguido ser incluidos en el GATT tal vez haya sido el agrícola el que ha suscitado mayores dificultades. En efecto, aunque el nivel de protección del sector primario es similar en Europa y el país americano, éste se formaliza mediante sistemas conceptuales diferentes. Ello ha permitido a la antigua CE ir ganando cuota en el mercado agrícola. Así, mientras en 1970 Estados Unidos aportaba el 36% de las ventas mundiales, la CE únicamente colaboraba con el 2%. Veinte años más tarde, sin embargo, esta proporción había pasado a ser del 26% y del 18%, respectivamente. La resolución de este conflicto ha sido posible merced al establecimiento de un largo periodo transitorio durante el cual no puede haber represalias por las subvenciones agrícolas diseñadas en el seno de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

Lógicamente, los principales perjudicados por estas medidas han sido los países productores de alimentos, muchos de ellos en vías de desarrollo, que ven cómo, de esta manera, no acaban de abrirse las puertas de aquellos sectores en los que son más competitivos. Por su parte, los países desarrollados consideran a la agricultura como a un sector estratégico en el que confluyen importantes elementos de identidad cultural nacional e intereses sociales, como la subsistencia de un campesinado que, en caso contrario, se vería obligado a emigrar a las ciudades, acentuando así el ya de por sí grave proceso de despoblación rural. Puede decirse, por tanto, que, en este sentido, tal vez el capítulo agrícola ilustre como ningún otro el ya tradicional conflicto Norte-Sur, y el nuevo rostro que éste está adquiriendo tras las refórmas Devadas a cabo en las economías de una gran parte de los países latinoamericanos, asiáticos o de la Europa del Este.

En efecto, en el pasado, la actitud de las naciones menos desarrolladas se encontraba en general dirigida hacia la creación de un sistema económico autárquico en el plano interno, mientras en el exterior se buscaba la firma de tratados preferenciales. Sin embargo, en estos últimos años, diversos factores, como el favorable consenso alcanzado en torno a las bondades de la economía de mercado como sistema para lograr una asignación de recursos más eficiente, la aceptación de un trato de reciprocidad en sus relaciones con el exterior y la dilución de sus respectivos sistemas de control de cambios, están permitiendo a algunos de ellos incorporarse con fuerza al concierto económico mundial. Concretamente, los bajos salarios con los que operan, el escaso desarrollo de sus legislaciones de protección social y la nula sensibilidad en materia medioambiental les permiten actuar competitivamente, como productores de bajo coste a la hora de colocar sus productos en el exterior. De esta manera, y a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, han sido los países en vías de desarrollo aquellos que más esperanzas tenían deposítadas en el éxito final de la actual Ronda Uruguay del GATT. Sin embargo, aunque éstas no hayan sido plenamente colmadas, la solución alcanzada no deja de ser satisfactoria para ambas partes, ya que, por un lado, Occidente renuncia a establecer restricciones basadas en el dumping social que practican los países emergentes, lo que podría cercenar su despegue económico, y por otro, los países desarrollados pueden aprovechar ese 33% de reducción media que van a sufrir los aranceles para colocar sus productos en nuevos mercados.

Puede decirse, por tanto, que para los países occidentales en general, y para España en particular, la firma del GATT supone ante todo un desafilo. Un nuevo acicate para que aquellas empresas y sectores poco competitivos afronten decididamente los procesos de reconversión necesarios para sobrevivir en un mundo en el que la libertad de comercio sigue ganando terreno, en detrimento de pasadas políticas proteccionistas. En este sentido, serán las empresas que hayan sabido adaptarse al nuevo clima de competencia los que, con toda probabilidad, podrán capitalizar en su favor una parte del aumento del comercio mundial que, sin duda, va a permitir esa generalizada caída de aranceles. Concretamente, el efecto positivo que se espera tenga sobre el PIB mundial ha sido cifrado por la OCDE en unos 275.000 millones de dólares anuales adicionales, a partir del año 2002, fecha en la que los calendarios transitorios pactados, referidos a los sectores de mayor importancia económica, comienzan a finalizar, y es, por tanto, previsible que los efectos del GATT empiecen a ser palpables. Precisamente, este lento desmantelamiento y las concesiones que, finalmente, todas las partes han tenido que realizar explican que el cierre de la Ronda Uruguay no haya sido saludado por los agentes económicos con excesivo entusiasmo. No obstante, el hecho de que nadie se sienta completamente satisfecho tal vez sea, paradójicamente, una de las mejores garantías para mirar su futura operatividad con optimismo.

La libertad de comercio, que en otras épocas fue incluso la excusa para sojuzgar a pueblos enteros, encuentra ahora un cauce de diálogo y discusión civilizado en el marco del GATT. Por ello, y más allá de las complejas consideraciones técnicas que han rodeado las negociaciones de la Ronda Uruguay, la conclusión con éxito de la misma debe ser saludada como un mensaje de esperanza en la capacidad de la humanidad para avanzar hacia la consecución de un mundo con una distribución económica más justa.