Javier Godó deberá presentarse todos los lunes al juez que investiga las escuchas

Javier Godó, editor de La Vanguardia, debe presentarse cada lunes en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, encargado de la investigación de la trama de escuchas ilegales descubierta hace un mes en Barcelona. Godó es uno de los inculpados en la causa y ha prestado declaración en dos ocasiones ante el juez Eduardo Navarro.Tras la segunda declaración de Godó, el 29 de noviembre, el juez le impuso la misma obligación que al resto de los inculpados: una presentación semanal. Se trata de una medida habitual en las personas imputadas en un procedimiento penal a las que el juez deja en libertad provisional, como es el caso de Javier Godó.

En la misma situación se encuentra la secretaria del editor, Gemina Guillén, según fuentes cercanas a la investigación. De acuerdo con esas mismas fuentes, la decisión del juez es normal. "Es por principio de igualdad", resumen medios de la investigación.

En prisión siguen estando los considerados cerebros de los pinchazos ilegales: el ex coronel del Cesid Fernando Rodríguez González, y Miguel Ruiz Martínez, el Lobo. Otros dos acusados también están privados de libertad.

El juez también resolvió ayer no levantar el secreto que pesa sobre las diligencias. De momento, las actuaciones seguirán siendo secretas, salvo para el fiscal, durante un mes más. La medida ha sido acordada al considerar que las diligencias de la investigación no están concluidas.

La semana pasada declararon la mayoría de los testigos, personas afectadas por la trama de escuchas ilegales, aunque no se descarta que resten más afectados por declarar. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que además de la prueba testifical, el juzgado prosigue analizando la documentación intervenida por la policía.

Recurso a la Audiencia

La Audiencia de Barcelona no ha resuelto aún el recurso presentado por el defensor de los cuatro inculpados encarcelados. El letrado pidió la libertad primero al juez Navarro y, al denegarla éste, recurrió en queja a la Audiencia de Barcelona, que está a la espera del informe del juez y del fiscal.La defensa de los encarcelados considera que el delito de escuchas ilegales conlleva penas de arresto mayor -de uno a seis meses-, por lo que cree injusto prolongar la prisión provisional ante la hipotética leve sanción penal que podría caerles. En principio, el único cargo formulado era ése, salvo que la investigación aporte indicios de otras conductas que puedan agravar los cargos.

Mientras, el PP ha dirigido una pregunta al Gobierno para que informe si es cierto que el Cesid (el espionaje militar) recibía periódicamente una copia de las escuchas telefónicas ilegales obtenidas por la red recientemente desarticulada en Barcelona y de la que formaban parte tres ex miembros del servicio de información secreto. El diputado Francisco Álvarez Cascos ha dirigido esta pregunta al vicepresidente, Narcís Serra, quien no ha comparecido en el Congreso desde su nombramiento.