Partido Popular e IU piden responsabilidades políticas por las escuchas ilegales

El Partido Popular pedirá hoy en el Congreso "responsabilidades políticas" por la implicación de ex miembros y colaboradores del servicio secreto Cesid en la red de escuchas ilegales desmantelada en Barcelona, según anuncio ayer su portavoz, Santiago López Valdivielso. Izquierda Unida, por su parte, no descarta exigir responsabilidades "al más alto nivel" señaló el diputado Antonio Romero, en alusión al vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra.

El PP no se conforma con las responsabilidades penales, que en su día determinen los tribunales, ni con las "profesionales", que corresponde depurar al propio Cesid a través de una investigación interna.A López Valdivielso le parece "muy bien" que el Gobierno haya dado instrucciones al director del servicio secreto, Emilio Alonso Manglano, para que depure la responsabilidad derivada, como mínimo, del hecho de que miembros de la trama mafiosa, desvinculados formalmente del centro de inteligencia, tuvieran en su poder documentos del Cesid.

Pero no lo considera suficiente. "Nuestros actuales gobernantes no acaban de llegar al poder y alguna responsabilidad tienen en el caso", afirma el portavoz del PP, quien hoy pedirá "responsabilidades políticas" al ministro de Defensa, Julián García Vargas, que comparece en el Congreso para informar sobre la presunta implicación del Cesid en el escándalo. En opinión de López Valdivielso, la red de Barcelona revela un "mal funcionamiento del servicio". Y lo argumenta: "No sé qué es peor, que el Cesid estuviera involucrado o que no supiera absolutamente nada".

Para el PP, la detención de tres ex agentes del Cesid demuestra que fallan los sistemas internos de control del personal que trabaja o colabora" con el centro. Por ello, resulta necesario reestructurar el servicios de inteligencia y someterlo a control parlamentario.

Por su parte, Izquierda Unida no descarta exigir responsabilidades "al más alto nivel" si García Vargas no ofrece hoy explicaciones satisfactorias, dijo ayer el diputado Antonio Romero. IU propone que los antiguos miembros del Cesid, durante un periodo de tiempo a determinar, no puedan trabajar en empresas privadas de investigación, como las agencias de detectives. A cambio de esta incompatibilidad, tendrían derecho a indemnización.