El Gobierno plantea nacionalizar el reparto de cartas

W. O. El Gobierno español se propone volver a nacionalizar el reparto de cartas en las grandes ciudades, según reveló ayer en Bruselas la secretaria General de Comunicaciones, Elena Salgado. La medida tiene el doble objetivo de compensar a Correos por el déficit que origina su actividad en las zonas rurales y acabar con la estructura sumergida de buena parte de las empresas de mensajería.

El proyecto del Gobierno -que ya fue planteado hace un año por el ministro responsable de Comunicaciones, José Borrell- se ampara en la resolución acordada ayer por el consejo de ministros de Comunicaciones de la Unión Europea, celebrado en Bruselas. Esta resolución, que no será aprobada formalmente por los ministros hasta la definitiva redacción del texto, propone a los Doce que antes del 1 de julio de 1994 la Unión Europea ponga en marcha una política común en servicios postales que contenga la definición de servicio reservado, describiendo las obligaciones de prestaciones de servicios universales y definiendo los servicios reservables.

Según Elena Salgado, esta resolución ampara el derecho de los Estados miembros a reservarse para sí la actuación en los servicios más rentables siempre y cuando los beneficios obtenidos con esta nacionalización del servicio se destine a desarrollar la actividad de correos en las zonas rurales y periféricas, en las que la intervención de la iniciativa privada es muy inferior que en los grandes núcleos urbanos por obvias razones de rentabilidad.

La secretaria general de Comunicaciones matizó que con esta iniciativa el Gobierno no intenta acabar con la actividad de las numerosas empresas de mensajería que han surgido en los últimos años, desde la liberalización de este sector en España, pero sí reservarse algunas de las principales actividades -en principio, el reparto de cartas, pero no el servicio de paquetería- y ayudar así a acabar con buena parte de la actividad sumergida del sector.

En línea contraria a estos proyectos, Elena Salgado anunció la próxima liberalización de algunos tramos de líneas telefónicas hasta ahora monopolizadas por la Compañía Telefónica Nacional de España. El proyecto del Gobierno es sacar a concurso algunos de los tramos más rentables, pero con la condición de que estos niveles de rentabilidad serían directamente proporcionales con los cánones a pagar por las compañías que se hicieran con la exclusiva de los servicios privatizados.

Este proyecto es también coherente con las discusiones del consejo de ministros comunitario de ayer, al que asistió el ministro Borrell, y en el que el consejo adoptó una resolución en apoyo de la progresiva liberalización del sector de telecomunicaciones y el servicio básico de telefonía a voz y la definición de los servicios básicos del sector.