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Prebendas compatibles

Ex ministros y altos cargos cobran a la vez pensión y sueldo del Estado

Javier Rivas

El Partido Popular e Izquierda Unida están dispuestos a abrir una ofensiva parlamentaria para saber qué ex ministros y otros altos cargos están cobrando dos o más sueldos del erario público, después de que el Gobierno se haya negado a facilitar tal lista. IU va a exigir además que se elimine la misma posibilidad de esa prebenda, presentando una enmienda en el Senado durante el próximo debate presupuestario en esa Cámara.El Gobierno de UCD estableció en los Presupuestos de 1981 que los miembros del Gobierno y altos cargos de instituciones asimilados cobrasen tras su cese el 80% del sueldo anual repartido en 12 pagas. Tal indemnización se puede cobrar el mismo tiempo que se ejerció el puesto, con un máximo de dos años, y con el único requisito de haber jurado o prometido el cargo. A fines de 1991, el Ejecutivo socialista amplió esta posibilidad a los secretarios de Estado y asimilados por medio de una disposición adicional a los Presupuestos de 1992.

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Los ministros, cuyo sueldo está congelado desde 1992, cobran 9.946.896 pesetas brutas al año. Esa indemnización al dejar el cargo supone 663.126 pesetas brutas al mes. El salario del presidente del Gobierno asciende a 11.199.234 pesetas anuales brutas; el del vicepresidente, a 10.596.408, y el de los secretarios de Estado, a 9.337.884. Respectivamente, suponen indemnizaciones mensuales al cese de 746.615 pesetas 706.427 y 622.525.

La UCD, en realidad, limitó a 24 meses una prebenda que los ex ministros del franquismo tenían de forma vitalicia desde que dejaran el puesto, según un decreto del 1966, que ya establecía el porcentaje en un 80%.

El diputado popular Manuel Núñez, que fue ministro con UCD, como otros de sus actuales compañeros en el Grupo Popular, reclamó recientemente al Gobierno la lista de los altos cargos que están percibiendo la indemnización y, a la vez, cobran otra cantidad del erario público. Sólo recibió 10 líneas de respuesta, diciéndole, en sustancia, que son quienes legalmente pueden serlo. Núñez va a reclamar el amparo del presidente del Congreso, Félix Pons, para que el Ejecutivo le facilite la relación y si no la consigue, presentará una nueva pregunta inquiriendo el caso puesto por puesto.

Los ex ministros que ahora mismo tienen derecho legal a cobrar la indemnización son José Luis Corcuera, Carlos Solchaga, Matilde Fernández, Luis Martínez Noval, Jordi Solé Tura, Virgilio Zapatero, Claudio Aranzadi y Tomás De la Quadra. Todos ellos, menos los dos últimos, son además diputados. La comisión del Estatuto de los Diputados ya ha declarado de todos ellos que no incurren en ninguna incompatibilidad. Aranzadi es actualmente embajador jefe ante la delegación de la OCDE en París yDe la Quadra ha vuelto a su cátedra de Derecho Administrativo en la Complutense.

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Esta pensión no se puede cobrar si se pasa a un cargo similar o superior, caso de la ex ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, o, evidentemente, de los secretarios de Estado ascendidos a ministros en las últimas crisis.

Los diputados perciben un sueldo`mensual bruto de 368.774 pesetas, a las que hay que sumar una "indemnización por ejercicio" que asciende a 93.702 pesetas mensuales brutas los electos por Madrid y 206.146 pesetas los elegidos por las demás provincias, independientemente de que viva o no en Madrid. Ninguno de los ex ministros citados que son diputados ha sido elegido por Madrid.

Además, los parlamentarios que presiden alguna de las 23 comisiones del Congreso perciben un complemento de 187.583 pesetas mensuales brutas. De los ex ministros citados, son presidentes de comisiones del Congreso Zapatero (comisión constitucional), Solé Tura (asuntos exteriores) y Martínez Noval (política social y empleo).

Según la previsión legal, la indemnización de dos años se convierte en vitalicia cuando el alto cargo llega a la edad de jubilación. Los Presupuestos para 1994 incluyen una partida de 311 millones de pesetas para el pago de 173 pensiones a ex ministros y asimilados, lo que incluye las de jubilación y las que reciben los familiares de esos altos cargos ya fallecidos. Esa misma partida ascendió a 260 millones este año y a 248 millones en 1992.

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Sobre la firma

Javier Rivas
Forma parte del equipo de Opinión, tras ser Redactor Jefe de la Unidad de Edición y responsable de Cierre. Ha desarrollado toda su carrera profesional en EL PAÍS, donde ha trabajado en las secciones de Nacional y Mesa de Cierre y en las delegaciones de Andalucía y País Vasco.

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