Reforma sin pacto

LA REFORMA de la legislación laboral aprobada ayer por el Consejo de Ministros no es condición suficiente para que comiencen a crearse puestos de trabajo, pero sin esas medidas es muy difícil que se den las demás condiciones necesarias para que tal cosa ocurra. La encarnizada oposición sindical a esta reforma, y la simétrica defensa de sus virtudes por parte del Gobierno y los expertos que la avalan, han suscitado el espejismo de un impacto decisivo y casi inmediato de la misma en el despegue de la economía española y del empleo. Sus virtualidades son mucho más modestas, aunque no por ello deja de ser una reforma necesaria.Las nuevas modalidades de contratación aprobadas ayer entran en vigor de inmediato -aunque deben ser convalidadas por el Parlamento- pero su aplicación definitiva queda pendiente de los reglamentos. La principal novedad es la introducción del contrato de aprendizaje, suprimido hace algunos años en una decisión que se demostró errónea. Es posible que algunas de las reformas ahora introducidas también se revelen equivocadas, en el sentido de producir efectos no previstos o insuficientemente evaluados. Así ha ocurrido con otras reformas, lo que no dispensa a los poderes públicos de la obligación de seguir explorando mecanismos susceptibles de favorecer la creación de empleo, de acuerdo con la prioridad otorgada a ese objetivo.

Otras reformas que también contaron en su día con la oposición frontal de las centrales sindicales se demostraron necesarias y acertadas, como la del sistema de pensiones, aunque nunca los sindicatos han reconocido que en ese caso fueran ellos los que erraban.

Ahora predicen que las medidas aprobadas ayer, y en particular la introducción del contrato de aprendizaje, no sólo no favorecerá la creación de empleos, sino que estimulará la precarización de los que subsistan. Su oposición se fundamenta en el temor de que sea utilizado para sustituir a trabajadores adultos por aprendices, que cobrarían por el mismo trabajo entre 40.000 y 50.000 pesetas. La norma establece diversas cautelas piara evitar que tal cosa ocurra. La presión sindical tendría que haber ido en el sentido de reforzar las garantías al respecto. Y si la experiencia demostrase que también son burladas en la práctica, los sindicatos, nacidos para contrarrestar abusos de esa naturaleza en las empresas, tendrían ahí un amplio terreno de actuación. Podrían apoyarse para ello en la promesa electoral del PSOE de "aumentar en tales casos [los resultantes de la flexibilización del mercado de trabajo] las facultades de control de los representantes de los trabajadores".

Lo que no tiene sentido es admitir que la reforma del mercado de trabajo es necesaria, pero a la vez oponerse a la intentada por el Gobierno con el argumento de que va en el sentido opuesto al adecuado. Los problemas de la rigidez del marco laboral español. admiten diversas respuestas técnicas, pero todas ellas habrán de ir en el sentido de una mayor homologación con las condiciones que rigen en los países que forman parte de la Unión Europea y con quienes España debe competir en un espacio económico único. Ante todo, deberá favorecer la adaptación de las plantillas a la coyuntura antes de que sea demasiado tarde y estimular la inserción en el mundo del trabajo de los jóvenes sin cualificación profesional o que buscan su primer empleo. Había que hacer algo así, y si la experiencia aconseja reforzar ciertas cautelas frente a abusos, para eso está la negociación (la general y la de los convenios).

También dicen los sindicatos que tal negociación no ha existido en la práctica, que todo ha sido una comedia destinada a culpabilizarles de la ruptura para imponer luego las medidas previstas desde el primer momento. No es cierto que no se hayan recogido algunas sugerencias de los sindicatos y otros sectores que comparten sus preocupaciones: se precisa que los contratos de aprendizaje se destinan exclusivamente a los no titulados y que se dedicará como mínimo el 15% de la jornada laboral a formación; se establece un número máximo de aprendices en relación a la plantilla total, etcétera.

Algunos dirigentes sindicales reiteraron el jueves que no negociarían un pacto de rentas si no se retiraba la reforma laboral. Condicionar una cosa a la otra fue la causa de que fracasara el pacto social. Y si cabe considerar casi lógico que los sindicatos se negaran a avalar unas reformas que pueden limitar su influencia -aunque no tanto en el interior de la empresa como a nivel general-, ello mismo demuestra hasta qué punto son rehenes de concepciones y estrategias inadaptadas a la situación. actual. Especialmente cuando de ello se deduce que no tenían más remedio que convocar la huelga general, pese a que se da por descontado que sólo puede contribuir a empeorar la situación.