El contrato de aprendiz se extiende a todas las empresas, aunque inicialmente estaba destinado a las 'pymes'

El Gobierno ha decidido extender a todas las empresas el nuevo contrato de aprendiz, aunque inicialmente se había pensado para las que tienen menos de 25 trabajadores. La razón dada por el ministro de Trabajo, José .Antonio Griñán, es que esa nueva relación laboral absorbe el actual contrato de formación y que, por esa causa, pierde su razón de ser el limitar el aprendizaje a parte de las empresas. Con el real decreto-ley de medidas urgentes de fomento de la ocupación aprobado ayer por el Gobierno se reforma la contratación eventual, aunque se mantienen las 14 modalidades, cuatro de ellas reformadas.

Además de la absorción del contrato de formación en la figura del aprendiz, el de prácticas ve reducido su periodo máximo de vigencia desde tres a dos años. La relación a tiempo parcial sufre también importantes cambios al eliminarse el tope actual que reduce esa modalidad para jornadas inferiores a dos tercios de la jornada habitual. Cuando entre en vigor esa reforma no habrá ningún tope pero si las horas trabajadas son menos de 12 a la semana, o 48 al mes, no existirá relación laboral y la cobertura se restringirá a la asistencia sanitaria, el Fondo de Garantía Salarial, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.Los contratos de fomento de empleo en su configuración actual -para todas las empresas- se derogarán una vez se promulgue como ley el actual anteproyecto. En ese momento se restringirán a las empresas de menos de 25 trabajadores que no hayan reducido plantilla desde 1991 y a los autónomos que fichen a su primer asalariado. Una característica nueva que todavía no ha terminado de perfilar el Gobierno es destinarlos a trabajadores desempleados que cobren prestación de paro.

Los asalariados que hoy trabajan bajo la modalidad de fomento de empleo, cuyo contrato cumpla el tope máximo de tres años a lo largo de 1994, podrán prorrogar su relación laboral un año y medio más. No podrán acogerse a nuevas prórrogas las relaciones de fomento de empleo alargadas el año pasado con el denominado decretazo.

Con esos cambios el Gobierno pretende facilitar la entrada en el mercado de trabajo a los colectivos con más dificultades -jóvenes y mujeres, sobre todo-, pero no ha previsto ninguna medida para garantizar la permanencia de esos trabajadores en el mercado ni para evitar la rotación en el empleo y en el desempleo, que según los expertos se debería corregir.Uno de los anteproyectos de ley aprobados ayer por el Consejo de Ministros regula las empresas de trabajo temporal, aunque el primer paso para su legalización se da en el decreto-ley que se publica en el Boletín Oficial del Estado el próximo martes, día 7.

Las empresas de trabajo temporal tendrán como actividad poner a disposición de otras empresas trabajadores suyos. Su funcionamiento requerirá autorización administrativa previa, otorgada por el Inem y que deberá ser renovada anualmente hasta el tercer año de actividad. El Gobierno espera que puedan canalizar un importante volumen de empleo, especialmente en el sector servicios.

Entre los requisitos exigidos a esas nuevas empresas destaca la garantía financiera para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de Seguridad Social: 25 veces el salario mínimo en cómputo anual -20,5 millones de pesetas, a precio de hoy- para la primera autorización y el 10% de la cifra de negocios del último ejercicio en las sucesivas, siempre que esa cifra no esté por debajo de la primera, que es la garantía mínima.

Esas empresas no podrán ofertar sus trabajadores para sustituir a huelguistas o para las actividades que expresamente se excluyan por su peligrosidad y serán responsables del cumplimiento de las obligaciones salariales y de Seguridad Social. El contrato entre la empresa de trabajo temporal y la usuaria se denomina "de puesta a disposición" y será igual a los contratos de obra o servicio, por exigencias del mercado y de sustitución para puestos de trabajo con derecho a reserva.