Copias de las cintas intervenidas a la red de escuchas ilegales circulan pese a la investigación judicial

BLANCA CIA Las cintas que obran en poder del magistrado Eduardo Navarro, que investiga la red de escuchas ilegales descubierta en Barcelona, no son las únicas. Hay, al menos, dos copias de las conversaciones -más de 100 horas de grabación, según fuentes judiciales- intervenidas por la policía. Además, se da por seguro que puede haber más grabaciones captadas por los supuestos miembros de esta red que no fueron localizadas en la desarticulación de la trama.

En prisión provisional por este caso permanecen los supuestos cerebros de la red: el ex coronel del Cesid Fernando Rodríguez González y Miguel Ruiz, El Lobo. Los dos están inculpados de un supuesto delito de escuchas ilegales. Los citados, además, del editorpresidente de La Vanguardia, Javier Godó, y su secretaria, Gemma Guillén, también inculpados en el caso, volvieron a declarar el pasado lunes ante el juez.

Fuentes judiciales no descartaban que otros dos de los miembros de la red que están en prisión, Manuel María Sánchez y José Manuel Trujillo, sean llamados a declarar de nuevo.

Los investigadores no descartan que otros integrantes de la trama desarticulada intenten obtener algún tipo de beneficio con la mercancía. También consideran probable que copias de algunas cintas hayan pasado ya a manos de otras personas, en principio ajenas a la organización de El Lobo.

Fuentes de la investigación precisaron que las personas que ahora están intentando comerciar con el contenido de las grabaciones también podrían incurrir en delito, puesto que son conversaciones captadas ilegalmente.

La existencia de más grabaciones, además de las que obran en poder del juzgado, está siendo comentada estos días en medios políticos, empresariales y financieros catalanes, sectores que, según la investigación, constituyen los blancos de los pinchazos.

Fuentes conocedoras de la duplicidad de grabaciones destacaron que la persona que pueda sentirse extorsionada (o a quien reclamen directamente algún pago a cambio de una grabación), tendría derecho a defender su derecho a la intimidad en los tribunales. Las mismas fuentes puntualizaron que en el caso de que las cintas se ofrezcan a terceros -no a los interlocutores- con el propósito de chantajear con la información, los compradores también incurrirían en responsabilidad penal.

En relación con la segunda declaración de Javier Godó, editor de La Vanguardia, personas conocedoras de las diligencias apuntaron que en esa ocasión no le preguntaron estrictamente sobre cómo fijó contacto con El Lobo y qué trabajos le encargó o si conocía sus métodos.