Creada la Junta Nacional de Consumo, nueva vía para reclamar sin acudir a los tribunales

Desde 1986 se han constituido en España hasta 25 juntas arbitrales, municipales, regionales y autonómicas, que han permitido a los consumidores solucionar sus reclama ciones sin acudir a los tribunales. Ayer se creó una de ámbito estatal: la Junta Arbitral Nacional de Consumo, encargada de aquellas quejas que rebasen el ámbito autonómico, como en el caso de servicios de Renfe, Telefónica o Correos. "Vivimos un excesivo judicialismo, y esta fórmula puede ser útil en la resolución de intereses de empresarios y consumidores, dijo ayer su presidente, el jurista Gregorio Peces-Barba.

La Junta Arbitral Nacional de Consumo empieza a funcionar desde hoy. A ella podrán acogerse todas las solicitudes de reclamación que afecten a varias comunidades autónomas, siempre presentadas por una organización de consumidores de ámbito nacional. Ahora bien, tiene un carácter voluntario, lo que significa que, tanto asociaciones como empresarios, deberán adherirse previamente al sistema.Está previsto que en los próximos días se adhieran al sistema Correos y Telefónica. Esto supone que un ciudadano o varios que tengan una reclamación por un servicio defectuoso de estas compañías pueden solicitar su reparación a través de una organización de consumidores, de una forma mucho más rápida que la vía de los tribunales. La resolución no tardará más de cuatro meses.

Calidad de vida

"Esta es la culminación de un proceso de un año de arbitraje. Las juntas arbitrales repartidas por todo el territorio español van a constituir un entramado que hará realidad la política de defensa del consumidor como política de mejora de la calidad de vida", dijo ayer la Ministra de Sanidad y Consumo, Ángeles Amador, en el acto de constitución de la junta. Su presidente será Gregorio Peces Barba, rector de la Universidad Carlos III, de Madrid, quien puso todas sus esperanzas en que el sistema arbitral corrija "el excesivo judicialismo" que existe en la sociedad española.En el mismo acto suscribieron el documento de adhesión nueve asociaciones de consumidores de carácter nacional y 22 grandes organizaciones empresariales, entre ellas la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Su presidente, José María Cuevas, dijo ayer: "Quienes creemos en la eficacia de la libre competencia en un mercado equilibrado tenemos que estar hoy satisfechos. Creo que el camino elegido es el que más puede satisfacer a las empresas, a los consumidores y a sus organizaciones representativas".

La creación de una junta arbitral de ámbito nacional supone la consolidación de una experiencia, que a nivel local, ha permitido a muchos ciudadanos confiar en la política de consumo. La lentitud de la justicia, única vía legal hasta hace poco para reclamar, ha hecho a la mayoría de los consumidores desistir de hacer valer sus derechos por pretensiones, generalmente de poca cuantía económica.

Con el nuevo sistema basta una solicitud de arbitraje en el ayuntamiento, por aquella prenda que se estropeó en la tintorería, o el electrodoméstico defectuoso, a un acto en el que comparece el fabricante o vendedor. El colegio arbitral está formado por un representante de los consumidores, otro del sector empresarial implicado y un representante de la Administración. Dicho órgano colegiado tomará una resolución en forma de laudo tras analizar las pruebas aportadas y las alegaciones de las partes. Y la resolución será de obligado cumplimiento.

Casos resueltos

En 1987 se registraron las primeras 650 solicitudes de arbitraje en las juntas arbitrales municipales constituídas de forma piloto. Hoy ya se acumulan 14.992 solicitudes, el 96,2% de las mismas han sido admitidas a trámite. De ellas 6.477 (el 44,9%) han sido resueltas. Otras 4.473 (el 31%) han sido archivadas, mientras 3.471 se encuentran en vías de solución.El tiempo medio de resolución es de uno a tres meses, cuatro a lo sumo, y es gratuíto para las partes en litigio. Sólo a veces son necesarios algunos peritajes, cuyo coste medio alcanza las 12.000 pesetas. La cuantía de las reclamaciones no sobrepasa las 70.000 pesetas.

El sistema arbitral ha incrementado un 600% su actividad desde su creación. En sus ocho años de existencia ha conseguido involucrar a 80 asociaciones de consumidores, 354 sectores empresariales y hasta 80.000 pequeños empresarios.

Para el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Javier Angelina, el sistema arbitral "ha sido una larga u costosa reivindicación" de los ciudadanos. "La gran mayoría de las reclamaciones son de pequeña cuantía y para ellas la Justicia no ha sido el mejor instrumento. De ahí la importancia del sistema arbitral como manifestación y cauce de la participación ciudadana", afirmó.