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El Tribunal Supremo inhabilita al alcalde de Pinto durante seis años por prevaricación

El alcalde de Pinto, Carlos Penit (IU), tiene que dejar su despacho. El Tribunal Supremo le ha condenado a seis años y un día de inhabilitación especial por considerarleculpable de un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas). La misma condena recae sobre el primer teniente de alcalde, Juan Antonio González Ontaneda. La sentencia se refiere a la concesión irregular de licencias en el polígono de Cobo Calleja. La portavoz de IU en la Asamblea, Isabel Vilallonga, calificó ayer de "aberrante" el fallo. La coalición proyecta recurrirlo ante el Constitucional.

Con esta resolución queda revocada la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial en mayo del año pasado. La sentencia de la Sala Segunda del Supremo, suscrita por los magistrados Fernando Cotta, José Manuel Martínez-Pereda y Joaquín Martín Canivell, también condena al secretario del Ayuntamiento de Pinto (22.535 habitantes), Salvador Rocha Nicolás, "como cómplice del delito de prevaricación". Para él la pena es de "suspensión por dos meses de todo cargo público". Cada uno de los condenados debe pagar un tercio de las costas procesales.En la resolución se juzga la conducta de los tres cargos públicos en la legalización del polígono de Cobo Calleja, construido a caballo de los términos de Pinto y Fuenlabrada. El plan general de ordenación urbanística de la primera localidad consideró ese suelo como no urbanizable y especialmente protegido. Esta calificación se cambió por decisión de la Comunidad, y pasó a ser suelo urbano industrial en 1984. Los hechos juzgados ocurrieron entre 1983 y 1986.

Informe negativo

La sentencia recoge que "en algún momento de l983" la arquitecta municipal informó negativamente sobre licencias de obras en el polígono de Cobo Calleja, ya que las construcciones afectaban a terrenos aún considerados como suelo rústico. Las obras a que se referían, en unos casos ya estaban terminadas y en otros en ejecución.

Sin embargo, la comisión de gobierno municipal consideró que ese criterio impediría legalizar las obras ya hechas y, por tanto, normalizar la situación. Por eso, a partir de ese momento dejó de remitir a la arquitecta los expedientes de la zona de Cobo Calleja. El jefe de negociado los tramitaba personalmente, con conocimiento de la comisión de gobierno.

Según se detalla en la sentencia, varios expedientes de segregaciones y licencias de obras fueron aprobados en 1985 y 1986 sin la emisión de los informes de la arquitecta y sin que esta ausencia constara en acta.

La sentencia del Supremo destaca que "no se trata de la omisión de un requisito en un momento, sino de la persistente actitud de prescindir de los trámites esenciales de información técnica, que en materia urbanística revisten destacada importancia". También señala la "conducta dolosa" del alcalde y del concejal. "Se llega a la conclusión de que la no remisión de los informes tenía como objetivo eludir un elemento obstruccionista de la política municipal tendente a la normalización de lo precedentemente urbanizado fuera del plan", añade.

La sentencia del Supremo echa por tierra la de la Audiencia Provincial, de la que llega a decir que incurrió "en una falacia". Esta instancia absolvió a Carlos Penit Rodríguez, Juan Antonio González Ontaneda y Salvador Rocha Nicolás, acusados de prevaricación, cohecho y falsedad en documentos.

El Supremo, al estimar el recurso de casación, admite sólo el delito de prevaricación y no el de falsedad en documentos, también argumentado por los recurrentes.

No hay más comiciosAnte el alto tribunal, los acusadores, encabezados por José Mariano Benítez de Lugo, no plantearon el presunto cohecho (soborno) del alcalde por la operación urbanística, y que, en la instancia anterior, habían cifrado en 30 millones. La sentencia impide a Penit, alcalde de Pinto desde 1979, presentarse a próximas elecciones.

La portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea, Isabel Vilallonga, que respaldó públicamente al alcalde con su asistencia al primer juicio, reaccionó ayer con indignación: "La del Supremo es una sentencia aberrante, desmesurada y discriminadora. Perjudica gravísimamente a IU", señaló.

Vilallonga señaló que el equipo jurídico de IU estudia presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para paralizar la sentencia. "En las irregularidades del alcalde de Pinto incurre el 90% de los alcaldes españoles ( ... ). Los de IU podemos meter la pata, pero no la mano", añadió. También señaló que el Supremo se ha pronunciado de distinta manera en casos similares. Penit se reunió ayer tarde con el equipo de gobierno en su casa, informa Julián Morales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de noviembre de 1993

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