El chófer del 'broker' Egea confirma las acusaciones contra el empresario Benedicto Alfaro

Tomás García Fernández, de 26 años, chófer y botones de Baltasar Egea, el broker que se suicidó el pasado 4 de mayo después de matar a su familia, confirmó ayer ante el juez de Delitos Monetarios Miguel Moreiras sus afirmaciones respecto a que llevó paquetes de dinero a las oficinas del empresario Benedicto Alfaro, así como letras de cambio que le eran devueltas una vez firmadas. García ratificó ante el magistrado las declaraciones hechas a este periódico hace dos semanas que consolidan la versión dada por la secretaria de Egea, María Jesús Chicharro, sobre la forma en que el intermediario, prestaba dinero a Alfaro y que llevó a éste a la cárcel. Moreiras levantó ayer el secreto del sumario.

García, que declaró durante tres horas, ratificó desde el primer momento la veracidad de las manifestaciones que hizo a este periódico el pasado 14 de noviembre, en las que relataba que él era el encargado de bajar desde la oficina de Asesores Agrupados -una de las empresas de Egea- al Banco de Vitoria para cobrar el dinero que luego Egea entregaba a Alfaro y otros clientes.La versión que ofreció al juez amplía y explica la declaración de la secretaria de Egea, que, junto a las cartas remitidas por el broker suicida, fueron determinantes en el ánimo de Moreiras para acordar la prisión de Alfaro.

El chófer de Egea relató como en varias ocasiones había llevado sobres y paquetes que contenían letras de cambio y dinero en efectivo a las oficinas de Alfaro en la madrileña calle de Alfonso XIII. A preguntas de los abogados de Alfaro, especificó que sólo una vez había visto físicamente el dinero cuando el propio Egea se lo enseñó en un maletín, si bien él sabía que los paquetes que llevaba en las otras ocasiones -aunque no pudo precisar el número- contenían el dinero para Alfaro.

Asustado

Las letras de cambio iban en un sobre aparte que se lo devolvían una vez que los efectos habían sido firmados. Él, por ser un empleado, esperaba entre media y una hora en el vestibulo de las oficinas, mientras que las letras se subían al piso de arriba donde alguien las firmaba. El chófer de Egea admitió que nunca vió a la persona que firmaba las letras.

Un informe pericial caligráfico pedido por los abogados de Alfaro y de Tivsa -otra de las empresas manejada por Egea- ha confirmado que las firmas que aparecen en las letras de cambio y supuestamente atribuidas a Benedicto Alfaro y su hija, son falsas.

Al final de la declaración de Tomás García el juez le formuló diversas preguntas sobre su situación personal. El chófer de Egea dijo que está en el paro desde que se cerró la empresa, al poco del suicidio del intermediario y que le han quitado el coche que conducía. A preguntas del magistrado, Tomás García reconoció que está asustado y tiene miedo a las repercusiones que este asunto le pueda acarrear.

El conductor de Egea confirmó también ante el juez que son ciertas las manifestaciones de la secretaria del broker, María Jesús Chicharro. Él era el encargado de cobrar, por orden de Egea, los múltiples talones por importe de 490.000 pesetas cada uno [los cheques al portador inferiores a 500.000 pesetas no dejan rastro contable] de la cuenta de clientes de Asesores Agrupados en la sucursal del Banco de Vitoria de la calle Genova 15 de Madrid. La cantidad en metálico la entregaba a Egea, quien a su vez la pasaba a su secretaria. Ésta, según declaró al juez, confeccionaba paquetes de tela en los que introducía el dinero, entre 100 y 200 millones, según las veces, que posteriormente se entregaban a Alfaro y su hija.

Secreto

Estaba previsto que la declaración de Tomás García se celebrase únicamente a presencia del juez y del fiscal, ya que el magistrado había declarado el pasado 17 de noviembre el secreto del sumario durante un mes. Sin embargo, Moreiras levantó el secreto sumarial inmediatamente antes de la declaración del chófer de Egea, por lo que gran parte de los abogados personados no pudieron asistir a la diligencia.

Sólo estuvieron presentes los defensores de Alfaro y su hija, Santiago Lago y Javier Iglesias, respectivamente, y los acusadores Carlos Calvín y Manuel Suárez. Los letrados confirmaron que desde que se declaró secreto el sumario, el juez no ha realizado diligencia alguna.

El abogado Carlos Calvín, que representa a 79 perjudicados por la quiebra de las empresas de Egea por un quebranto de 429 millones de pesetas, anunció que tiene intención de ampliar la querella al haber recibido ese encargo de otros acreedores. El monto total del perjuicio para los clientes de Calvín se sitúa ahora en casi mil millones de pesetas, según el abogado.