Margarita Retuerto pide que sea delito desobedecer al Defensor del Pueblo
La Defensora del Pueblo en funciones salió ayer "abrumada" de su comparecencia en las Cortes. Los elogios hacia su persona y la institución que preside fueron unánimes. Margarita Retuerto "rompió moldes" en su enfervorizada exposición del informe 1992. Dijo que le gustaría emular a Mariana Pineda y pidió que la desobediencia a sus requerimientos se tipifique como delito en el Código Penal.La oposición intentó ponerla en un brete al preguntarle qué opinaba de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Corcuera, pero no entró al trapo. Sabían de su discrepancia con su antecesor, Álvaro Gil Robles, por no recurrir la inconstitucionalidad de esta ley. "Mi posición la expuse en un debate interno en un informe de 62 páginas con argumentos que coinciden con la resolución del Tribunal Constitucional. No lo considero una victoria. Cumplí mi papel". No quiso explayarse más sobre esta cuestión planteada por el Partido Popular.
Los populares insistieron en que mencionara las quejas formuladas por la inadecuada aplicación de esta ley. Retuerto dijo que "sería irresponsable decir que no ha habido problemas", pero indicó que las quejas no habían sido numerosas; en los tres casos en que la policía había penetrado en domicilios, lo hizo con autorización judicial. Sobre el procedimiento sancionador y las diligencias de identificación convertibles en detenciones, señaló que había pedido a Interior que "siga al pie de la letra el criterio establecido por el Tribunal Constitucional".
Retuerto dijo querer emular a Mariana Pineda en la medida que fue una abanderada de la libertad y la igualdad. "Me gustaría ser como ella, sin el martirio". Por último, resumió en cuatro puntos la labor de la institución: la defensa de la dignidad y la tutela judicial de los ciudadanos, la protección de los derechos de los más vulnerables (imagen e intimidad de los menores, igualdad de los sexos, líneas 903, lucha contra la xenofobia), la protección del medio ambiente y la defensa de los usuarios de los servicios públicos.
