La guerra de la droga
EN LA lucha contra la droga, los Estados ganan con frecuencia importantes batallas, pero ello no significa que los narcotraficantes estén perdiendo la guerra. El desmantelamiento en España por la policía de una red de blanqueo de dinero del poderoso cartel de Cali es una de esas batallas ganadas. Del mismo modo que lo fue, hace apenas un año, y en el marco de la llamada Operación Green Ice (Hielo Verde), la desarticulación de otra red de parecidas características perteneciente al mismo cartel colombiano. Preocupa que, en el tiempo transcurrido desde una operación policial a otra, los narcotraficantes no hayan perdido su capacidad para seguir lavando en España importantes cantidades de dinero, y muy pocas dudas caben de que la seguirán teniendo hasta el próximo golpe policial.¿Quiere ello decir que la lucha contra la droga es inútil y que, sean cuales sean los éxitos policiales, los narcotraficantes siempre se saldrán con la suya? Sin duda, la estrategia prohibicionista en que se asienta esta lucha hace que el narcotráfico, ante las expectativas de las cuantiosas ganancias que genera, se reproduzca y se rehaga por contundentes que sean los golpes que reciba. De ahí también la dificultad de que la batalla que libra el Estado contra tal comercio pueda ser algo más que un continuo tejer y destejer que no concluye en su definitiva erradicación. Así, la eficacia inmediata de las operaciones policiales -detenciones, aprehensiones de droga, desarticulaciones de redes de blanqueo- es compatible con su limitado efecto en su trasiego y en la neutralización de los beneficios que produce.
Es cierto, sin embargo, que operaciones como Green Ice o esta última, en la que han sido detenidas en varias ciudades españolas 30 personas (entre ellas, varios industriales y cuatro abogados, presuntos integrantes de una red que había conseguido lavar entre 3.000 y 4.000 millones de pesetas), permiten identificar cada vez con mayor precisión los medios de transporte de fondos y los mecanismos de blanqueo a los que recurren los narcotraficantes. Ello, lógicamente, hace posible que la respuesta legal al narcotráfico sea cada vez más eficiente, al tiempo que, económicamente, más costosa y arriesgada esa actividad. Y a ese objetivo tienden leyes como la de prevención del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que se discute en el Parlamento, reflejo a su vez de directivas y convenios de ámbito internacional. Pero, por difíciles de orillar que sean las trabas administrativas y financieras que se pongan a la droga, la cuestión básica sigue en pie: ¿serán capaces los Estados de crear una malla legal y financiera tan espesa que no pueda ser traspasada por los narcotraficantes y sus renovados sistemas de comercialización y de lavado de sus beneficios en el sistema bancario?
La red de blanqueo desmantelada pone de manifiesto dos cosas: la incapacidad del sistema financiero internacional para detectar los fondos del narcotráfico que discurren por sus circuitos (las sumas procedentes de la venta de cocaína en España afloraban en Colombia y en otros países mediante las correspondientes operaciones bancarias) y el gran poder contaminante de la droga, en este caso, de la actividad económica y del ejercicio profesional de la abogacía. Que en la red desmantelada estén presuntamente implicados varios industriales muestra que o bien su actividad económica era simplemente una tapadera del negocio de la droga o que se han dejado seducir por la rapidez y cuantía de sus beneficios. En ambos casos, esta atracción fatal de los negocios legítimos por el comercio de la droga es verdaderamente preocupante. Como lo es la deriva de determinados profesionales del derecho desde el ejercicio de defensa y el asesoramiento legal a la complicidad y encubrimiento de la actividad de sus clientes inmersos en el narcotráfico.
