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El alcalde dice que el Ayuntamiento indemnizar a sólo si es condenado

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y su antecesor, Juan Barranco, salieron ayer enfadados de la Audiencia, donde testificaron por el incendio de la discoteca Alcalá 20. Familiares de las víctimas les increparon tras escucharles decir a los periodistas que el Ayuntamiento no es responsable del siniestro que mató a 81 personas y causó serias lesiones a otras 28. En el juicio, el alcalde reiteró que el municipio sólo indemnizará a los damnificados si el tribunal así lo estima.

Los acusadores centraron sus preguntas en las indemnizaciones y no ocultaron su malestar ante el impago de la ayuda humanitaria (571 millones de pesetas) que aprobó el Ayuntamiento en abril de 1992.Los abogados de las familias emplearon todo tipo de matices y artimañas para evitar que el presidente del tribunal, Pedro Javier Rodríguez declarase "impertinente irrelevante" preguntas referentes al impago de la ayuda humanitaria y al acuerdo extrajudicial alcanzado entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior para ayudar económicamente a las familias. El final siempre era el mismo: "Señor letrado, la cuestión es irrelevante para la causa". "Pues que conste en acta", instaba el abogado de turno. "Pues que conste", remachaba el presidente.

Dio muchos rodeos el alcalde antes de explicar por qué no se había pagado la citada ayuda antes del juicio, tal como se hizo en el caso del siniestro ocurrido en los almacenes Arias. Admitió Álvarez del Manzano la existencia de un acuerdo entre el Ayuntamiento e Interior para pagar, a medias, alrededor de 1.200 millones de pesetas. Pero aclaró que tal acuerdo no estipulaba la fecha de ejecución del pago.

Los abogados de la acusación sí tienen claro por qué no se ha pagado ese dinero. Cuando el pleno municipal acordó librar los 571 millones, el fiscal del caso Alcalá 20 no había calificado aún los hechos.

El informe del fiscal, hecho público meses después, le vino de perilla al Ayuntamiento y a su debilitado erario: exoneraba de responsabilidad criminal al ex concejal socialista Emilio García Horcajo y declaraba a Interior único responsable civil. El alcalde se mostró ayer taxativo: el dinero está ahí, pero no se entregará a los damnificados salvo que el tribunal determine lo contrario.

Por lo demás, los testimonios judiciales de Álvarez del Manzano, -portavoz del grupo de la extinta UCD en diciembre de 1983, fecha en que se quemó la discoteca- y de Barranco -primer teniente de alcalde del regidor Enrique Tierno Galván- arrojaron escasa luz a las indagaciones que efectúan los jueces para hallar a los culpables de la tragedia que azotó Alcalá 20 el 17 de diciembre de 1983.

Juan Barranco echó un capote a su "compañero y amigo" García Horcajo al decir que la concesión de licencias de apertura de locales era cometido de "la gerencia de urbanismo o de las juntas de distrito".

También le quitó Barranco de encima a García horcajo una espina que tenía clavada desde la vista del día anterior. El jefe de prevención del servicio de incendios, Jesús de Benito, había indicado al tribunal el pasado martes que en varias ocasiones se había quejado por escrito y verbalmente ante el concejal de Seguridad de la falta de medios que había en su departamento para inspeccionar todos los locales públicos de Madrid.

García Horcajo tenía la respuesta precisa, pero no le dieron oportunidad de expresarla. Juan Barranco lo hizo ayer por él, como si existiera telepatía entre ambos. "Desde casi todos los servicios [del Ayuntamiento llegaban escritos a su despacho] pidiendo más medios; es normal", explicó el actual portavoz del partido socialista en el Ayuntamiento madrileño.

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