Un año de incertidumbre

Dos días después del secuestro, la familia de Maria Àngels Feliu intentó pagar ya el rescate, pero los secuestradores no se presentaron a la cita, en el puente de la Cerámica, de Olot. En los días siguientes, los secuestradores dejaron mensajes en un bar próximo al domicilio de la familia y en una parada de taxis. El 2 de diciembre enviaron una cinta magnetofónica con la voz de Maria Àngels y la familia. hizo un nuevo e infructuoso intento de pagar el rescate, esta vez en Castellfollit de la Roca, a seis kilómetros de Olot.El último contacto con los secuestradores se produjo el 29 de diciembre. Transmitieron por teléfono una cinta magnetofónica en la que una voz sollozante pedía a los familiares que hicieran caso a los secuestradores y pagaran el rescate. Pese a la mala calidad de la grabación, los investigadores atribuyeron la voz a Maria Àngels.

Durante este periodo, la familia recibió en total 22 llamadas telefónicas de los secuestradores. Ocho correspondían a un interlocutor de habla castellana, y en la última de ellas pidió 250 millones de pesetas. En paralelo, otra persona que hablaba con marcado acento catalán realizó 14 llamadas y pidió 25 y 50 millones de pesetas.

Para resolver la angustiosa situación, la familia contrató en diciembre a un detective privado, Eugenio Vélez Troya, que ofreció una recompensa de 20 millones de pesetas a quien dijera dónde se encontraba la secuestrada y cinco millones a quien aportara alguna prueba de que estaba viva.

Manifestación

Esta iniciativa no condujo a ningún resultado práctico y, en enero, la familia contrató los servicios de la empresa británica Control Risk, especializada en asesorar a personas extorsionadas en situaciones de secuestro. También en vano.

El secuestro ha sido seguido intensamente por la población de Olot, una tranquila capital de comarca de la Cataluña interior que tiene 27.000 habitantes. Unas 11.000 personas salieron a la calle en una manifestación el 5 de diciembre de 1992, encabezadas por las autoridades locales, para reclamar la libertad de la retenida contra su voluntad.

El entonces diputado autonómico por Esquerra Republicana Josep Maria Reguant, se ofreció el 10 de diciembre de 1992 para ser intercambiado por la víctima. El 13 de diciembre, el obispo de Gerona, Jaume Camprodon, ofreció a la Iglesia católica, como mediadora. La infanta Cristina de Borbón envió a la familia un mensaje de solidaridad el 15 de diciembre.

Después de enero, el secuestro entró en fase de silencio. El titular del Juzgado de Instrucción de Olot, Santiago Pinsach, decretó el 11 de octubre el archivo provisional de las diligencias en vista de que las investigaciones no daban ningún resultado.