El PSOE intentará "pactos a la carta" con todos los partidos sin renunciar al apoyo estable de CiU
Los socialistas van a tratar de consolidar sus acuerdos con CiU, recuperar el afecto político del PNV, acordar con el PP las reformas institucionales más significativas y, si es posible, coincidir en algún proyecto legislativo con Izquierda Unida (IU). Una suerte de programa de "pactos a la carta" en expresión de un dirigente. El PP, cuya cúpula cree que la voluntad dialogante del Gobierno "esta vez puede ir en serio", espera obtener el reconocimiento como interlocutor del Ejecutivo y una cierta corresponsabilidad en asuntos considerados de Estado, que le confirmen definitivamente como alternativa.
La voluntad de abrir frentes de diálogo con todas las fuerzas políticas la expresó el secretario general, Felipe González, el pasado miércoles, en la reunión de la ejecutiva federal, y contó con el asentimiento de los miembros de la dirección del PSOE, una hora antes de que se produjera la entrevista entre González y Aznar.La reflexión sobre la política de acuerdos en el Parlamento se sitúa en el "ideal máximo" de los socialistas, con independencia de que pueda o no ser posible. Los dirigentes consultados diferencian entre la necesidad objetiva de sumar sus votos a los de otra u otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta y el deseo de aprobar las leyes con el máximo respaldo posible, para evitar en lo posible su descalificación.
El secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, ha afirmado que "el interés de abrir conversaciones con el PP no se debe a la necesidad de votos".
"El Gobierno puede ser débil matemáticamente por falta de mayoría absoluta, aunque hasta ahora no se ha puesto de manifiesto, y en un asunto tan importante como los presupuestos hemos tenido más apoyo que nunca", recordaba Benegas.
Dirigentes socialistas reconocen, no obstante, que intentarán a toda costa mantener "algún tipo de relación institucional con el PP", porque la propia Constitución obliga a que los partidos se pongan de acuerdo para cuestiones fundamentales, al exigir el apoyo de tres quintos de las cámaras para las leyes orgánicas.
Así, nunca un partido ha podido aprobar por sí solo una ley orgánica, y no es previsible, por el sistema electoral proporcional, que una sola fuerza pueda tener tan abrumadora mayoría.
Condenados al acuerdo
El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Solchaga, y Txiki Benegas saben que tienen que llegar a un acuerdo con el PP para ofrecer a las cámaras un nombre común para ocupar el puesto de defensor del pueblo. Los socialistas propondrán una amplia reforma en el Consejo de Administración de RTVE, de forma que sus miembros no reproduzcan miméticamente el funcionamiento del Parlamento, sino que actúen de manera más profesionalizada. El, PSOE considera que el PP tiene dificil oponerse a esta reforma.
La elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, la ampliación de las competencias del Tribunal de Cuentas y la elaboración de la Ley de Partidos Políticos requerirán más tiempo y el trabajo entre delegaciones de los grupos parlamentarios, aunque en el PSOE se insiste en la necesidad del acuerdo con el PP para estos asuntos.
Dirigentes socialistas aportan como prueba de que su intento de hablar con el PP no obedece a la debilidad numérica en el Parlamento una cierta institucionalización de los contactos cuando tenían 202 diputados y Manuel Fraga encabezaba el partido de la oposición. González y Fraga tuvieron diversos encuentros, auspiciados por el entonces presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba.
Para el PP, las vías de diálogo ofrecen algunos atractivos, aunque persiste una desconfianza casi instintiva, después de una legislatura anterior marcada por las críticas frontales y un arranque de la actual en el que tampoco han sido complacientes. Si los acuerdos se fraguan "en condiciones aceptables", los populares consideran que obtendrían el reconocimiento como interlocutores del Gobierno. "No se puede gobernar contra más de 140 diputados", afirmaban, después de las elecciones de junio, los miembros de la ejecutiva del PP. El equipo de Aznar piensa ahora que el tiempo les ha dado la razón y que el PSOE "necesita llegar a acuerdos" con el primer partido de la oposición. El diálogo con el Gobierno, único interlocutor que acepta el presidente del PP para las conversaciones, reforzaría ante los ciudadanos el papel de éste como alternativa al PSOE.
Estrechos colaboradores de Aznar han sacado la impresión de que, tras el encuentro de La Moncloa, "todo va bien, excepto la Televisión Española", en la que los populares quieren garantías tangibles de pluralismo y neutralidad. González parece haber renunciado a modificar las mayorías necesarias para ciertos nombramientos en los llamados órganos constitucionales, lo que le obliga a ponerse de acuerdo con el PP para designar nuevo defensor del pueblo o cubrir vacantes en el Poder Judicial.
Por primera vez, fuentes de la dirección del PP consideran "aceptable" un nombre citado para el primero de los puestos, Gonzalo Casado. El defensor de José Amedo en el proceso contra los GAL "responde al perfil que hemos definido, ajeno a la militancia en partidos", reconoce un responsable. Sobre las vacantes del Poder Judicial, los populares ven vía libre para que los candidatos no lleguen apadrinados por un partido, sino que resulten "aceptables" para las dos grandes fuerzas.
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