El ex concejal García Horcajo concluye su declaración exculpándose de la tragedia de Alcalá 20

El ex concejal de Seguridad Emilio García Horcajo, procesado por el incendio de Alcalá 20, subrayó ayer al tribunal que desde noviembre de 1982, y durante todo el año 1983, funcionarios adscritos a su área efectuaron 131 inspecciones en discotecas y salas de fiestas. Con esos datos intentó refutar las declaraciones que en su día hicieron ante el juez instructor dos de sus máximos colaboradores en materia de seguridad: María Ángeles Álvarez y Jesús de Benito Fernández. Según Antonio García Pablos (hijo), que defiende a 57 familiares de fallecidos, ambos colaboradores admitieron ante el magistrado que, semanas antes del siniestro de Alcalá 20 (81 muertos y 28 lesionados), la policía remitió al área de Seguridad un oficio requiriéndole para que inspeccionase la discoteca.

De Benito y Álvarez dijeron al juez que habían comentado con el ex edil la petición policial, pero que éste les dijo que la inspección de discotecas no incumbía a su concejalía. "Si las discotecas no eran de su competencia, ¿por qué no devolvió el escrito al organismo oportuno para que la inspección no se quedase sin hacer?", cuestiona García Pablos.

Enrique Gimbernat, abogado de García Horcajo, aduce que ambos testimonios fueron vertidos ante el instructor después de muchas horas de interrogatorio. "Querían firmar la declaración cuanto antes e irse". Según Gimbemat, los dos se han retractado después, ante notario, de esas afirmaciones; así consta en el sumario". Además, relató ayer Gimbernat, la policía efectuó tal petición después de que el principal accionista de Alcalá 20, Juan Antonio Iglesias, acudiera a ella para demandar un permiso de temporada. "Entonces ya estaba en vigor el reglamento de espectáculos de 1982 y los permisos de temporada no existían".

En la sesión judicial de ayer, la más breve en cuanto a duración de las 11 ya celebradas, García Horcajo insitió en que su cometido, dentro de un área en la que trabajan unos 8.000 funcionarios, se centraba en impartir criterios generales. Reiteró igualmente que la concesión de licencias de apertura o de obras de locales públicos correspondía a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento o a la juntas municipales. Seguridad inspeccionaba un local si uno u otro organismo se lo pedían, aclaró.

A pesar de que el fiscal ha exonerado de culpa al ex concejal, y, por extensión, al Ayuntamiento, Juan Fernández Otero, defensor de una de las víctimas, sostiene que la responsabilidad del siniestro deben compartirla el municipio y el Ministerio del Interior. La vista oral se reanudará el próximo martes, cuando comiencen a declarar los supervivientes y testigos de uno de los mayores desastres ocurridos en un local público en la historia de España.