El Gobierno abre las puertas del consejo del Banco de España a las comunidades autónomas

Las comunidades autónomas tendrán posibilidad. de participar en el nuevo consejo de gobierno del Banco de España, que saldrá del proyecto de ley de autonomía de la entidad, aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El titular de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, explicó en la conferencia de prensa posterior que, aunque no está previsto explícitamente en el nuevo texto legal, "es posible que se pueda nombrar algún consejero en representación de estas comunidades". El nuevo proyecto de ley otorga autonomía al banco emisor en materia de política monetaria y suprime, respecto al texto anterior, la prórroga automática para los actuales gobernador y subgobernador de la entidad.

Solbes explicó en su comparecencia tras la reunión del Ejecutivo, que el retraso en la aprobación del nuevo proyecto de ley se debía a la inclusión de algunos apartados en los Presupuestos de 1994. Insistió en la importancia del texto legal que "traspone a nuestra legislación los mandatos comunitarios en materia de autonomía de los bancos centrales europeos".El ministro destacó la prohibición absoluta de que el banco emisor financie al Tesoro y de más entes públicos a partir del próximo 1 de enero. "A partir de l994", dijo, "ni el Estado ni las comunidades autónomas podrán utilizar el recurso del banco emisor, que se sustituirá por un nuevo sistema de financiación del Tesoro con depósitos remunerados según las condiciones del mercado".

Devolución en 40 años

Respecto a la devolución del límite de apelación al Banco de España, situado en 1, 15 billones de pesetas, Solbes confirmó que ésta se hará mediante la emisión de una deuda especial a 40 años. Con ello, el Estado se evita tener que hacer frente a una necesidad adicional de liquidez, que podría endurecer las condiciones de financiación del déficit público para 1994.

El proyecto de ley confirma la autonomía del banco emisor en materia de política monetaria, aunque Solbes precisó que "sin menoscabo de dicha finalidad primordial, esta competencia deberá apoyar la política económica general del Gobierno" y que los instrumentos de política monetaria tendrán como finalidad esencial "la estabilidad de precios".

El tercer apartado de la ley se refiere a la modificación de los órganos rectores de la entidad "con el fin de acrecentar su autonomía". El nuevo texto suprime la prórroga automática para los actuales cargos de gobernador y subgobernador del banco, Luis Ángel Rojo y Miguel Martín. El ministro precisó, sin embargo, que aunque el Gobierno tendrá que decidir en su día, en su opinión, "ambos deben seguir en sus funciones cuando se apruebe la Ley". El mandato para ambos cargos será de seis años, sin posibilidad de renovación y con un mayor nivel de incompatibilidades cuando abandonden el puesto.

El proyecto mantiene dos órganos colegiados en la entidad: el consejo de Gobierno y la comisión ejecutiva. El primero estará compuesto por el gobernador, el subgobernador, seis miembros no natos designados por el Gobierno "oído el gobernador" y dos representantes natos: el director general del Tesoro y el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, se establece la posibilidad excepcional de que el ministro o el secretario de Estado de Economía, puedan asistir a las reuniones del consejo, sin voto, o someter una moción a su deliberación.

Preguntado por la participación de las comunidades autónomas en este consejo, Pedro Solbes precisó que "no está prevista institucionalmente" y que como se ha planteado por parte de alguna comunidad, "es posible que el Gobierno pueda nombrar algún consejero en su representación". Con ello, el Gobierno podría dar por zanjada la pretensión de los gobiernos vasco y catalán de crear sus propios bancos públicos.

Solbes confirmó ayer que su departamento estudia nuevos mecanismos que faciliten a las entidades financieras un abaratamiento de los costes acorde con la reducción del precio oficial del dinero. Solbes precisó que no se trata de forzar a la banca a recortar los tipos de interés de activo, sino "una recomendación moral a las entidades financieras", unida a mecanismos técnicos "que resuelvan los problemas burocráticos que encarecen los tipos". No quiso precisar qué tipo de medidas se pueden tomar, por encontrarse todavía en fase preliminar de estudio.