El Ayuntamiento de Soto deniega la licencia de instalación de luz y teléfono a la nueva cárcel
El Ministerio de Justicia está construyendo la prisión de Soto del Real contra viento y marea. Las obras de la polémica cárcel avanzan de forma inexorable sobre la dehesa de Los Cierros de San Bartolomé, a muy pocos metros del parque natural de la Cuenca Alta del Manzanares. Pese a todo, el Ayuntamiento de Soto, localidad de 3.000 habitantes, no se da por vencido y sigue poniendo trabas. Hace un año denegó la licencia de obras. Ahora, hace pocas semanas, denegó sendos permisos para la instalación del teléfono y la luz.
El Ayuntamiento de Soto del Real aguarda a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el acuerdo del Consejo de Ministros que declaró esta prisión como bien de interés general para saltarse la negativa del municipio a conceder la licencia de obras y empezar a trabajar sobre el terreno.Los alcalde de Soto, José Luis Sanz, y de Colmenar Viejo, Juan Manuel Mansilla, ambos del Partido Popular, expresaron ayer su oposición a que los vertidos residuales del penal sean vertidos, cuando éste funcione, en el arroyo de Navalmojón y, desde allí vayan a parar al río Manzanares.
¿Se puede ahora instalar la luz y el teléfono sin la preceptiva licencia municipal? En Asuntos Penitenciarios entienden que del acuerdo del Consejo de Ministros se deduce que sí. De hecho, la orden dada es que las obras continúen.
El alcalde de Soto no sabe con certeza si, tras la resolución gubernativa, es legal que Telefónica y la compañía eléctrica ejecuten tales instalaciones sin permiso. Sanz tiene muy claro, y por eso ha denegado ambos permisos, que las obras que se levantan en la finca conocida como Los Cierros de San Bartolomé "son ilegales" y, por tanto, todo cuanto afecte a ellas.
Asuntos Penitenciarios, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, quiere que la prisión de Soto, que albergará a un millar de presos, esté funcionando para finales del próximo año. En concreto, las obras deben estar concluidas en agosto de 1994, en función del compromiso alcanzado entre la empresa constructora, FOCSA, y el Ministerio de Justicia.
En esta tesitura, la fuerte contestación vecinal -múltiples manifestaciones, enfrentamientos entre vecinos y la Guardia Civil- se está revelando inútil: los cimientos y la mayoría de los muros ya están erigidos.
La semana pasada, el ex alcalde de Soto del Real, el centrista Eladio Navarro, que gobernaba gracias al pacto que mantiene con el PP y que se convirtió en adalid de la oposición a la prisión de Soto, volvió a visitar las obras. "Su intención", según indicaron miembros de la empresa constructora, "consistió en recordar el carácter ilegal de todas las construcciones llevadas a cabo en la zona".
Eladio Navarro amenazó con denunciar ante los tribunales todas las irregularidades que, a su juicio, se han cometido en la Finca. A Navarro no le engatusaron los 300 millones de pesetas que en su día ofreció la Secretaría de Asuntos Penitenciarios al Ayuntamiento a cambio de la licencia que autorizaba las obras.
La decisión del Gobierno de declarar la cárcel como un bien de interés general supuso un mazazo para él y para gran parte del combativo vecindario. Por nada del mundo querían que se construyese una edificación de esas proporciones a tan escasos metros del parque natural. Apostaron por el turismo.
Sin embargo, su deseo se hunde a medida que se eleva la torre principal del penal de Soto, que tendrá 45 metros de altura, más de una decena de metros menos de los proyectados inicialmente. Mucho tienen que ver en esta reducción las pegas que en su día puso el Ministerio de Defensa, que posee en la zona una base de helicópteros.
