La Xunta gallega estudia recurrir contra el 15% ante el Tribunal Constitucional

La Xunta de Galicia estudia la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso contra la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas, según anunció ayer su consejero de Economía, José Antonio Orza (PP). El recurso se fundamentaría en el carácter no transferible del impuesto de la renta. El presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha señalado que el jueves fue el peor día de su vida, al haber tenido que votar contra una propuesta del Gobierno central.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, recordó ayer que Felipe González se comprometió en la investidura a conseguir el acuerdo más amplio posible antes del 15 octubre. "Ambos objetivos se han conseguido", señaló, antes de expresar su confianza en la incorporación de algunas comunidades actualmente contrarias a la fórmula.La Xurita basaría su recurso en que se ha forzado el artículo 13 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para hacer transferible un impuesto que no lo es, informa Xosé Hermida. El consejero de Economía calificó el acuerdo de insolidario y ajeno a la corresponsabilidad fiscal -Galicia recibirá unos 2.600 millones más en dos años, mientras o tras comunidades consiguen mas- y admitió, no obstante, que la Xunta espera conseguir mejoras en la Comisión Mixta de Transferencias.

Rodríguez Ibarra calificó de "parche" el acuerdo, aunque aseguró que gracias a Extremadura se han corregido errores iniciales. Rodríguez Ibarra justificó su rechazo: "Hay un reparto desigual y, si de una parte del pastel nos llevamos cada uno un trozo, y el mío es más pequeño y el suyo más grande, usted se lo lleva a costa del más pequeño".

El diputado extremeño del Partido Popular Luis Ramallo considera el acuerdo "un chantaje de los nacionalistas catalanes" a cambio de la aprobación de los presupuestos.

El presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, ha acusado a toda la oposición regional, que critica unánimemente el acuerdo, de ignorancia, hipocresía y mala fe. Según Chaves, lo único que busca la oposición es desestabilizar el Gobierno central porque Andalucía "es la comunidad que más dinero puede percibir, 5.049 millones en 1994 y 1995 como tope mínimo".

La reacción más virulenta en Andalucía es la de Izquierda Unida, cuyo presidente, Luis Carlos Rejón, anunció movilizaciones populares.

El consejero de Finanzas de la Generalitat, Maciá Alavedra, negó que Cataluña resulte más beneficiada. Según Alavedra, si se estudia la financiación para cada ciudadano de Cataluña y de Extremadura "habría sorpresas". Josep Antoni Duran Lleida, presidente de Unió Democrática, coaligada en CiU, declaró que el acuerdo no es el que deseaba su formación. "Pero supone el inicio de un camino a través del cual podemos ir más lejos", advirtió.

El consejero de Economía de Castilla y León, Fernando Bécquer, del Partido Popular justificó la abstención de esta comunidad "en la precipitación con la que se han realizado las negociaciones y la incertidumbre respecto a las cantidades que recibirá realmente cada región respecto a las estimaciones que tiene el Ministerio de Economía", informa