El Ejecutivo regula la movilidad funcional y geográfica de los empleados públicos
El Consejo de Ministros aprobó ayer una importante reforma de las relaciones laborales de los funcionarios. La principal novedad es la introducción de medidas que posibilitan la movilidad geográficay funcional de los empleados públicos. Los planes de empleo y la reasignación de efectivos serán las vías para lograr esta movilidad. El objetivo es optimizar los recursos humanos para mejorar las actuaciones de la Administración.
Los planes de empleo contendrán "todas las actuaciones a realizar para la óptima utilización de los recursos humanos" en la Administración. Entre ellas destaca "la modificación de las estructuras organizativas y de puestos de trabajo" y la "reasignación de efectivos de personal". Las ofertas de empleo público quedarán limitadas, según este proyecto de ley, a los puestos "que no puedan ser cubiertos con los efectivos de personal existentes".Además, en ningún concurso ni oposición se podrá seleccionar a un número de aspirantes mayor a las plazas convocadas, según reza en el proyecto elaborado por el equipo del ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra.
La reasignación de efectivos será necesaria cuando los funcionarios vean suprimido -"como consecuencja de un plan de empleo"- su puesto de trabajo. La reasignación será obligatoria para el funcionario si la Administración le encuentra un nuevo puesto en la misma provincia y voluntaria si es en otra.
Con todo, el proyecto de ley zanja la posibilidad de reiteradas negativas a aceptar un nuevo puesto por parte del funcionario, al pasarle sucesivamente a la situación de expectativa de destino, excedencia forzosa y excedencia voluntaria. En la última, no tendrá derecho a cobrar.
Durante el tiempo de expectativa de destino -un máximo de un año-, el funcionario deberá participar en los cursos y concursos que se convoquen para su nivel de capacitación, y estará obligado a aceptar los destinos "de características similares" al que tenía si surgen en su provincia. Después pasará a excedencia forzosa -que también podrá tener un plazo máximo-,y dónde se verá igualmente obligado a participar en los pertinentes cursos y concursos.
El último paso es la excedencia voluntaria, situación en que se encontrará el funcionario pasados los plazos de las dos anteriores alternativas, o si voluntariamente lo pide. La diferencia aquí es que no se cobra nada. Además, tendrá un periodo máximo de duración que, si se supera "por interés particular, se entenderá que el interesado renuncia a su condición de funcionario".
Las medidas que aprobó ayer el Ejecutivo también incluyen incentivos a la jubilación anticipada. Podrán solicitar estos incentivos los funcionarios que tengan cumplidos los 60 años y al menos 30 de servicio que vean suprimido su puesto de trabajo, o se encuentren en expectativa de destino o excedencia forzosa.
Rechazo sindical
Las federaciones de Servicios Públicos de UGT y CC OO expresaron ayer su frontal rechazo a la decisión "unilateral" del Gobierno a la hora de aprobar este conjunto de medidas.
Las centrales sindicales criticaron la premura con la que se han aprobado estas reformas, aunque matizaron que están de acuerdo con la racionalización de los recursos humanos en la Administración. Según Comisiones Obreras, el texto aprobado ayer por el Ejecutivo supone un "parche" a la actual legislación y no aborda la reforma de las administraciones públicas de manera global.
