Migraciones parlamentarías

EL TRANSFUGUISMO es la penitencia que tienen que pagar las cúpulas de los partidos por su casi omnímodo poder. Las víctimas no son más que los ciudadanos, que contemplan pasivamente cómo cambia el signo de una mayoría parla mentaria y de un Gobierno -como acaba de ocurrir en Aragón- sin que, se hayan modificado sus preferencias políticas. Pero en el aspecto de carencia de representatividad, un movimiento tránsfuga no puede ser juzgado mucho peor que un cambio de coalición entre partidos disciplina dos si éste responde -como ha ocurrido reiteradamente en los últimos años- a la meta instrumentalización partidista de un Parlamento autonómico o local para maniobras en la política estatal. De hecho, tanto en el cambio de socios como en el transfuguismo ha habido casos a favor y casos en contra del partido que ha obtenido más apoyo electoral.La alternativa así planteada no es, ciertamente, muy estimulante, Cuando los partidos cambian de socios parlamentarios sin intervención de los electores, quienes deciden son las cúpulas partidarias; cuando se producen cambios de mayoría por transfuguismo, el que prevalece es el poder de decisión del representante individual. En ambos casos, que el resultado favorezca o perjudique a la representación ciudadana es algo impredecible y bastante aleatorio. Así, cuando el Tribunal Constitucional, en su frecuentemente citada sentencia 5/1983 estableció la autonomía del representante, por la cual no puede ser desposeído de su cargo aunque rompa la disciplina de partido, no estaba negando el mandato imperativo de los electores sobre los electos -que ya era, de hecho, inexistente-, sino el mandato imperativo de las cúpulas de los partidos sobre los miembros de sus grupos parlamentarios. Pero, desde luego, tampoco hay ninguna garantía de que la indisciplina vaya a actuar siempre a favor de la voluntad popular.Lo cierto es que el poder de las directivas partidarias es en España superior al de la gran mayoría de los países democráticos. Tomemos, por ejemplo, el indicador de la centralización de los partidos propuesto en un reciente trabajo por los politólogos de la Universidad de California, Matthew Shugart y John Carey. Se basa en cinco aspectos: nombramiento centralizado de los candidatos electorales; ausencia de competición interna, como la que se desarrolla en unas elecciones primarias; listas bloqueadas, en las que el ciudadano no puede alterar el orden de los candidatos; listas cerradas, que no permiten votar a candidatos de diferentes listas, y barreras de entrada a la creación de nuevos partidos o a la presentación de nuevas candidaturas. Dando, como los autores proponen, a cada uno de estos elementos un valor entre cero y dos, es fácil darse cuenta dé que el sistema de partidos español ha de ser valorado con la máxima nota en centralización del poder, un 10 (sólo equiparable al caso más bién lejano de El Sal vador). Aún cabría añadir otros usos parlamentarios que se han dado en nuestro país, como el pago de una fianza del representante al partido, las multas por voto indisciplinado, o la firma preventiva de la renuncia al cargo por si el jefe considera necesario utilizarla en algún momento. Ante esta conversión del representante individual en un siervo del cabeza de filas, a menudo limitado a calentar la silla y votar por consigna, la tentación de fugarse puede asaltar a cualquiera por poco sustanciosos que sean los incentivos ofrecidos por un partido rival.

Dada la comprobada inutilidad de los sermones moralizantes, parece que sólo la introducción de nuevos mecanismos institucionales podría devolver mayor poder de decisión al ciudadano, a costa tanto de las oligarquías de los partidos como de las tentaciones volátiles de los parlamentarios de a pie.

Una reforma que parece ineludible es la de las reglas de elección de los presidentes autonómicos y los alcaldes, que ya hace años que son criticadas por políticos de diferentes grupos cada vez que hay un escándalo. Dado que no parece deseable violar las condiciones del pluralismo político ni el mandato constitucional de representación proporcional, una buena propuesta sería el requerimiento de una mayoría parlamentaria cualificada, la cual haría disminuir tanto el número de coaliciones potencialmente vencedoras como el poder decisorio del tránsfuga.

Por otro lado, admitir la posibilidad dé que el elector que lo desee señale preferencias entre los candidatos individuales a la hora de votar, permitiría al sistema electoral español dejar de ser una excepción en este aspecto (junto con Portugal) entre las democracias europeas.

Tal vez no deberíamos sorprendernos si, en ausencia de voluntad reformadora, la reciente fuga aragonesa en favor del PSOE fuera contestada con maniobras similares en su contra en otros Parlamentos, como ya ocurrió hace unos pocos años. De hecho hay al menos un Parlamento autonómico en el que sería posible para el Partido Popular desplazar al presidente socialista atrayéndose al socio regionalista intermedio y entre los Mayores 70 municipos, hay 17 en los que caben varias mayorías. Si las maniobras de atracción produjeran nuevos tránsfugas, por supuesto las posibilidades de cambios serían aún mayores. Pero sería bien triste que sólo con nuevas penitencias de este tipo se decidieran las cúpulas de los partidos a modificar una regulación cuyas consecuencias, Cuando les perjudican, todos dicen lamentar.

es catedrático de Ciencia Política, Instituto de Estudios, Sociales Avanzados del CSIC.