Justicia de calidad

Los PROBLEMAS de la justicia española han dejado de ser preferentemente, o no sólo, cuantitativos para serlo cada vez más de calidad. Ya no puede hablarse de penuria presupuestaria ni de agravio comparativo con otras áreas administrativas (el porcentaje de la justicia en los Presupuestos Generales del Estado admite la comparación con el de otros ministerios; también en cuanto a medios materiales y personales puestos a su disposición), ni de falta de jueces en relación con los baremos europeos.Hay que hablar, en cambio, de inadecuación de la oficina judicial al número y tipo de litigios de la sociedad actual, de vetustez de procedimientos y de jueces que no se ponen al día ni en cuanto a conocimientos jurídicos ni en cuanto a aquellos otros sin los que impartir justicia hoy es como dar palos de ciego, o, lo que es peor, propiciar la impunidad (sobre todo en asuntos propios de la delincuencia organizada, de cuello blanco y de ingeniería financiera) o la arbitrariedad.

El esfuerzo realizado en la última década para acabar con el atraso histórico de la justicia y con su discriminación en las prioridades políticas que se plasman en los Presupuestos Generales del Estado ha tenido un reflejo estadístico difícil de desconocer. Se ha quintuplicado el dinero público destinado a la justicia, se han creado centenares de nuevos juzgados, ha aumentado de forma sustancial el número de jueces (de 1.800 a los 3.056 actuales) y el del personal de los cuerpos auxiliares... Todo ello era una condición necesaria, pero no suficiente, para que la justicia española se convierta en el servicio público eficiente que todos deseamos en una sociedad democrática. Sus problemas son hoy, pues, esencialmente de. organización y calidad. De modo que si no se resuelven se corre el riesgo de que los juzgados y tribunales se conviertan en un pozo sin fondo que trague sin provecho alguno para el ciudadano cuantos esfuerzos personales y presupuestarios se les eche, dentro.

Cuando el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala, se refería ayer, durante el acto de apertura del año judicial, a la necesidad de abordar con urgencia la reforma de los variopintos y engorrosos procedimientos judiciales ponía el dedo en uno de los problemas esenciales: el parcheo reformista, a veces errático, de las leyes procesales -véanse si no los problemas dejados tras de sí por la llamada reforma Múgica-; un método que tiene que dar paso cuanto antes a una reforma global, de modo que el tiempo de la justicia no se eternice o se aleje demasiado del que rige en la mayor parte de las actividades sociales. El atasco, la espera interminable y, en definitiva, la parálisis de la justicia, especialmente perceptible en aquellos casos que tienen resonancia pública, son la expresión más palmaria de su deterioro y el factor que más coadyuva a su descrédito social.

Es en esta reforma global donde pueden tener cabida los mecanismos que eviten la avalancha de querellas contra los cargos públicos, que tanto parece preocupar al actual fiscal general del Estado, Eligio Hernández. La protección frente a las denuncias falsas o temerarias es un derecho de todos los ciudadanos, no sólo de quienes integran el estamento político. De ahí que cualquier reforma en este terreno sólo esté justificada si busca reforzar este derecho de todos sin tratos discriminatorios para nadie. De otro lado, la actualización de los procedimientos judiciales vigentes, sustancialmente decimonónicos, redundaría también en una mejora de la calidad de la producción judicial. Sin duda, resoluciones judiciales que a veces causan asombro, bien porque están mal o escasamente motivadas, se deben fundamentalmente a la endeble formación de sus autores. Pero también tiene su parte de culpa la dificultad que plantea estar al día en un estado permanente de cambio procesal que no arregla nada y enmaraña todo. Además de jueces suficientes hacen falta jueces competentes. Es quizá el reto de más alcance con que se enfrenta la justicia de los años noventa.