El juicio no se celebrará antes de fin de año
El proceso jurídico por el accidente de Torreblanca se encuentra en la fase de presentación de las calificaciones previas de las partes personadas en el caso. La aseguradora ha llegado a acuerdos con las familias de 11 de los fallecidos, al tratarse en su mayoría de menores de edad.El juez Urbano Suárez Sánchez, que instruye el sumario en Castellón, declaró la apertura de vista oral la pasada primavera, aunque probablemente no se celebrará antes de fin de año. Hasta ahora han presentado calificaciones la acusación pública, que ejerce el fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Eduardo Vicente, y al menos dos de las siete acusaciones particulares personadas.
Las tres acusaciones han coincidido en inculpar al conductor del autobús siniestrado, Rafael Casado, mientras la acusación particular que ejerce el abogado Eugeni Gay en representación de los familiares de 27 víctimas, también inculpa al propietario de la compañía Bus Express.
El fiscal responsabiliza directamente del delito de imprudencia al conductor del autocar, y pide una pena de dos años de cárcel y tres años de privación del permiso de conducir. El fiscal fija una indemnización de 565 millones de pesetas y establece la responsabilidad civil subsidiaria en la empresa propietaria del autobús y de la compañía de seguros La Patria Hispana.
En el relato de los hechos, el fiscal señala que el conductor circulaba a una velocidad superior a los 102 kilómetros por hora, pese a las señales indicativas de velocidad de 80, 60 y 40 en el punto en donde se produjo el accidente.
El abogado Eugeni Gay imputa al propietario de Bus Express, Emiliano Pascual, un doble delito: uno contra la seguridad, porque el autobús no había pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), por el cual pide seis meses de cárcel y, otro contra la seguridad vial, por el que solicita seis años de prisión.
Largos recorridos
Este último delito lo argumenta con la afirmación de que, a su juicio, "Emiliano Pascual obligaba a los conductores de la compañía a efectuar largos recorridos a grandes velocidades y sin posibilidad de descansar". Pide una indemnización de 370 millones y, además, seis años de cárcel para el conductor por un delito de imprudencia. La segunda acusación que también ha presentado escrito de calificaciones previas únicamente pide seis meses de prisión para el conductor del autocar.El abogado defensor del conductor, Eugenio Pons, calcula que sus conclusiones no se presentarán hasta el mes de octubre. "Obviamente, nuestra calificación será totalmente distinta de la del fiscal", dijo. "Además, el informe del fiscal no incluye los distintos informes de la Guardia Civil, de los forenses y otros médicos; lo que no quiere decir que no los haya tenido en cuenta a la hora de llegar a esa conclusión", añadió Pons.
