El Gobierno concedera un regimen de semilibertad a 500 jóvenes que seran condenados por insumisión

Los tribunales han abierto en los cinco últimos años 2.799 diligencias contra jóvenes acusados de insumisión ante el servicio militar, según fuentes de Justicia. En la actua lidad están pendientes de juicio 1.576 casos. Haciendo una extrapolación de las condenas impuestas hasta ahora por los jueces, fuentes del Gobierno estiman que en el futuro acabarán en la cárcel 500 insu misos. Pero es previsible que ninguno vaya a prisiones normales, de forma similar a los 60 condenados hasta ahora, que desde hace unos días viven en centros especiales a los que sólo van a pernoctar.

Justicia ha llegado a la conclusión de que "no hay razón objetiva para que [los insumisosl ingresen en una prisión con medidas de seguridad", ya que tienen un perfil no delincuencial, no son un peligro social, sus condenas son cortas y, además, no pueden reincidir en este delito. Ante esta situación, se les aplica lo que prevé la Ley General Penitenciaria para que desde el primer momento ingresen en los Centros de Integración Social (CIS), una especie de prisión blanda a la que sólo deben ir a dormir.El artículo 251 del Reglamento Penitenciario establece que ningún penado puede ingresar directamente en módulos de régimen abierto sin pasar antes dos meses en un centro de observación de una cárcel normal. Pero Justicia ha emprendido desde hace casi dos años una reforma silenciosa y solapada de esta normativa, amparándose en que la Constitución -una norma de rango superior al Reglamento Penitenciario- establece que la reinserción es el fin primordial de la prisión. Según la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, este objetivo se cumple mucho mejor haciendo que los insumisos y otros condenados por delitos de escasa relevancia no sean sometidos a un régimen carcelario duro.

Belloch trajo el cambio

El programa encaminado a aliviar el régimen penitenciario de los insumisos se ha puesto en marcha coincidiendo con la llegada de Juan Antonio Belloch al Ministerio de Justicia. Los 60 jóvenes que hay condenados por esta causa -la mayoría de ellos en Navarra- han sido ingresados en los Centros de Inserción Social ya existentes en Madrid y Tenerife. En Pamplona se alquilará una nave para habilitarla con este fin, en Picassent (Valencia) se inaugurará en septiembre uno de estos establecimientos y en Villabona (Asturias) se construye otro.Hasta ahora, el régimen abierto era un paso previo a la salida definitiva de los reclusos, pero no servía como centro receptor para reclusos, que han cometido delitos que no son "nocivos". En los próximos meses, el Gobierno modificará el Reglamento Penitenciario y la Ley General Penitenciaria para poder definir qué son estos Centros de Inserción Social.

Los insumisos penados hasta con dos años de reclusión pueden pedir la libertad condicional. Sin embargo, hay algunos que no se acogen a este derecho "porque están muy concienciados" y optan por ingresar en prisión, según Justicia. Asuntos Penitenciarios ha decidido suavizar la situación carcelaria de estos jóvenes "para que no se desarraiguen de su familia ni pierdan su trabajo".

Antoni Asunción, secretario de Estado de Asuntos Penitenciarios, estima que ablandar la situación penitenciaria de los insumisos no supone una legalización encubierta de este tipo de conductas opuestas a la mil¡. "Cumplen la condena impuesta por los jueces", dice. "Lo que ocurre", explica, "es que la cumplen siguiendo el mandato constitucional: procurando causar el menor daño posible a la persona que por sus características no requiere medidas de seguridad explícitas. No se persigue el castigo por el castigo. Los insumisos tienen que cumplir la condena y el régimen penitenciario de 1979". En los cinco últimos años se han abierto 2.799 diligencias contra insumisos, de las que aún están pendientes de juzgar 1.576. El año pasado fue el que registró la apertura de un mayor número de procedimientos (1.067), mientras que en el primer semestre del presente se han iniciado 230 causas judiciales.

Los nuevos Centros de Integración Social (CIS) acogerán, aparte de los insumisos, a los ex toxicómanos, a los penados por delitos de seguridad vial y a quienes lleven una vida normal y deban cumplir condena por hechos cometidos años atrás. Éste es el caso de Pilar Fernández Mancilla, condenada ahora por un delito de tráfico de drogas cometido hace un decenio. El esposo y los tres hijos de Fernández caminaron recientemente de Córdoba a Madrid para pedir su indulto.

Los CIS son compatibles con las prisiones de régimen abierto, donde viven más de 4.000 reclusos (alrededor del 10% de la población penal). Esta situación se logra tras haber cumplido gran parte de la condena en cárceles normales.