El Gobierno sube cinco pesetas la gasolina

El Gobierno aprobó anoche una subida del impuesto especial que grava las gasolinas, así como un recorte del gasto público de 100.000 millones de pesetas, como medidas urgentes para intentar atajar el descontrol del déficit. El impuesto de las gasolinas subirá cinco pesetas por litro, lo que se trasladará automáticamente al precio de venta al público. Para la gasolina súper ese impuesto era, hasta ayer, de 55,5 pesetas por litro, y pasa a 60,5 pesetas. Todos los carburantes soportan el doble gravamen de ese impuesto especial y el IVA general del 15%. El Gobierno ha acordado además que 100.000 millones de pesetas del gasto presupuestado para este año "no estén disponibles", lo que equivale a un recorte del gasto de esa cuantía. Esta reducción afectará a la compra de bienes y servicios y a las inversiones reales. Por último, el Ejecutivo aprobó la creación de una unidad especial de lucha contra el fraude.

El Consejo de Ministros decidió, por tercer año consecutivo, elevar los impuestos indirectos y recortar el gasto corriente y de inversión como medidas para compensar el descontrol del déficit que resulta de los fuertes aumentos de otros gastos y, en especial, del subsidio de desempleo. Las gasolinas (con una subida de cinco pesetas) y el gasóleo (conn alza de tres pesetas, a excepción del bonificado, que sólo sube 0,8 pesetas) soportarán el aumento impositivo decidido este año.En 1992, el recorte de gastos estuvo acompañado de una subida del IVA de dos puntos (al pasar del 13% al 15%), así como de una revisión al alza de las retenciones y la tarifa del IRPF.

El ajuste del gasto público de cidido ayer por el Ejecutivo es muy inferior al de los dos últimos veranos. En esta ocasión, el recorte asciende a 100.000 millones de pesetas y afectará, principalmente, a los ministerios de Obras Públicas, Industria, Comercio y Turismo, Asuntos Exteriores, y Agricultura y Pesca. El recorte de gastos en 1992 fue de 326.000 millones de pesetas y el de 1991 de 250.000 millones.

Los 100.000 millones que se verán afectados por el acuerdo de "no disponibilidad de gasto" adoptado ayer por el Consejo de Ministros intentan reconducir el déficit del Estado para este año hacia el 5% del producto interior bruto (PIB), una vez que el Eje cutIvo ha abandonado el objetivo inicial del 2,3% del PIB.

Desvío de dos billones

Este fuerte incremento en el déficit previsto obedece a una caída de los ingresos de 700.000 millones de pesetas y a un aumento del gasto en el presupuesto de 1,3 billones de pesetas. A esta desviación del gasto hay que sumar otros 950.000 millones más para cubrir la factura del desempleo (de los que 450.000 millones corresponden a agujeros de ejercicios pasados). El desvío de gasto total -comoadelantó ayer EL, PAÍS- supera así los dos billones de pesetas.El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, confirmó ayer en Barcelona que la desviación presupuestaria de este año alcanzará 1,3 billones de pesetas. A esta cuantía hay que añadir los 450.000 millones destinados a saldar los déficit generados por gastos de desempleo en 1991 y 1992, y otros 500.000 millones por la desviación de este ejercicio. Serra también confirmó que la caída de la recaudación asciende a unos 700.000 millones.

El Gobierno empezó a analizar el mes pasado (véase EL PAÍS del 7 de julio) la conveniencia de atajar la caída de la recaudación y el aumento del gasto con un recorte. La discusión se centró después en si convenía un drástico recorte ahora, con el impacto que estas medidas tienen sobre la ya deprimida actividad económica, o dejar el ajuste para el presupuesto de 1994.

La solución finalmente adoptada es un híbrido, pues supone un recorte de gasto sensiblemente inferior al de otros años. Además, sólo eleva una figura impositiva, la que recae sobre las gasolinas, lo que probablemente se trasladará a una subida de los precios y a una cierta disminución del consumo, pero afectará menos a la inversión.

El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, manifestó anoche en Madrid que las medidas aprobadas "cubren lo que está en manos del Gobierno, como es el control del déficit público. Pero también hay que decir claramente al país que cada uno debe asumir su responsabilidad, agentes sociales incluidos".

"Sin un control del déficit público será más difícil la reactivación de nuestra economía y la bajada de los tipos de interés. Algunas medidas las tiene que tomar el Gobierno, y otras, los agentes sociales", recalcó el ministro. Solana no quiso profundizar más, puesto que tuvo que abandonar el Consejo para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada. Por su parte, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, declaró que el recorte del gasto acordado por el Gobierno es "simbólico" y la subida de las gasolinas "es inflacionista".

El argumento de la corresponsabilidad esbozado por Solana será esgrimido hoy por el ministro de Economía, Pedro Solbes, en su comparecencia parlamentaria para explicar las medidas de ajuste aprobadas ayer, la crisis que atraviesa la economía española y la conveniencia de alcanzar un amplio pacto social.

Mientras el Gobierno adoptaba las primeras medidas directas, los agentes sociales seguían analizando ese pacto social. Tras la contraria reacción de anteayer de los sindicatos, el turno le correspondió ayer a los empresarios.

El vicepresidente de CEOE, Fernando Fernández Tapias, se mostró favorable a las ideas adelantadas por el Gobierno de congelar los salarios de los trabajadores y de reinvertir los beneficios empresariales, en lugar de repartir dividendos entre los accionistas. El dirigente empresarial calificó esta última medida de "adecuada en tiempos de crisis".

"En época de crisis, los que más sufren son los que menos tienen. Éstas son las reglas del juego en todos los países del mundo, y hay que aceptarlas. Aunque yo espero que el poder adquisitivo se mantenga, pues aunque se congelen los salarios, los precios no subirán tampoco", remató.