El Gobierno reducirá los costes fiscales y sociales a las 'pymes' y subvencionará sus créditos de inversión

El Gobierno ultima, dentro de las medidas dirigidas a reactivar la economía, un plan destinado específicamente a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Aliviar la fiscalidad, facilitar el acceso a créditos subvencionados y abaratar las cargas sociales son las líneas maestras del programa en el que trabajan coordinadamente la totalidad de los ministerios económicos del Ejecutivo. El primer paso para poner en marcha este plan lo dio el pasado viernes el Consejo de Ministros al aprobar el proyecto de ley de sociedades de garantía recíproca, que decayó en la anterior legislatura.

Uno de los sectores donde incide con una mayor fortaleza cualquier crisis económica es el de las pymes. El paro, los cierres y las dificultades para conseguir financiación son siempre mucho más evidentes que para las grandes empresas. Esta es una de las razones, según señalan fuentes de la Administración, por las que el Ejecutivo ha decidido dedicar un programa especial para las pequeñas y medianas empresas.El plan, que dio sus primeros pasos en el anterior Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha ampliado competencias. Ahora trabajan en él los responsables de Economía y Hacienda, Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, y Obras Públicas.

Las medidas que está ultimando el Ejecutivo tienen tres ejes básicos: la fiscalidad, las cargas sociales y el acceso a los créditos destinados a la inversión y al apoyo a la producción.

En el primero de los ámbitos, el fiscal, la intención del Gobierno es relajar la presión que existe sobre los pequeños y medianos empresarios. En este sentido irá parte de la reforma del Impuesto, sobre Actividades Económicas (IAE), actualmente en estudio por parte del Ministerio de Economía y Hacienda.

Aliviar los costes sociales es el segundo bloque de medidas en elaboración. Fuentes de la Administración señalaron que la filosofía de esta reforma puede resumirse en "facilitar la entrada y salida del mercado laboral". No obstante, estas mismas fuentes matizan que "no hay que olvidar que hay en la mesa un serio y profundo debate sobre el mercado laboral".

El tercer gran eje descansa sobre el acceso a una financiación asequible. Para cubrir esta posibilidad, el esquema diseñado por el Ejecutivo se sirve de. fondos procedentes del Banco Europeo de Inversiones -dirigidos a proyectos concretos-, gestionados a través de las cajas de ahorros y las sociedades de garantía recíproca.

Además, el Ejecutivo tiene e n cartera apoyar estos proyectos subvencionando varios puntos del tipo de interés al que ha sido concedido el préstamo a la pequeña o mediana empresa correspondiente. La cuantía de la subvención iría en función de la actividad o la magnitud de cada proyecto en concreto.

Precisamente es este bloque de ayudas el que más camino lleva recorrido. En su reunión del pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de sociedades de garantía recíproca, qua había decaído en la anterior legislatura. Este proyecto de ley amplía el capital social de las sociedades de garantía recíproca de 50 a 300 millones de pesetas y eleva su base societaria hasta un máximo de 300 socios. Desde que apareció su primera regulación, en 1978, estas sociedades han concedido avales por valor de más de 170.000 millones, de pesetas de los que se han beneficiado unas 30.000 pymes.

Por otra parte, el nuevo Ministerio de Comercio y Turismo está diseñando otras medidas de incentivación a la exportación y de reordenación del horario de locales comerciales. Por último, los contactos ministeriales también alcanzan a la reforma de los alquileres de los locales comerciales.

El titular de Comercio, Javier Gómez Navarro, ya ha señalado públicamente que le gustaría sugerir algunas novedades en el proyecto de ley de arrendamientos urbanos (LAU), otra de los textos legales que decayó al adelantarse las últimas elecciones legislativas. Dicho proyecto de ley establecía la desaparición, de los alquileres congelados con un doble periodo transitorio en función de si los inquilinos accedían a actualizar o no la renta. Una de las posibles reformas de la LAU puede consistir en ampliar ese plazo de desaparición de alquileres.

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