12 familias intentan impedir que derriben sus pisos para construir otros más caros

Doce familias de Carabanchel se resisten a que el Ayuntamiento derribe sus viviendas. El bloque -en Ángela López, 26- tiene encima la piqueta porque está incluido en la bolsa de deterioro urbano de la glorieta Elíptica. Pero este edificio se encuentra en perfecto estado, a diferencia de las chabolas y casetas ya demolidas en la zona. El consistorio alega que se trata de una expropiación por fines sociales, y los vecinos escuchan este argumento indignados porque allí se construirán 400 pisos de 20 y 30 millones de pesetas.

Es de las últimas casas que quedan por derribar en esta bolsa de la glorieta Elíptica (llamada oficialmente Fernández Ladreda), comprendida entre las calles de Mercedes Domingo, La Vía, Arroyo Opañel y Évora. En sus 77.800 metros cuadrados de extensión se edifica Residencial Elíptica. Los vecinos de las chabolas se fueron sin problemas, salieron ganando con el realojamiento. Entre los propietarios de casas bajas hubo sus más y sus menos. Muchos recurrieron la cantidad de dinero que les daban por la expropiación. Pero al final se marcharon.Así que los habitantes de este bloque se han quedado como en una isla. Nunca llegaron a creerse que también su casa caería bajo la pala mecánica. Y han tardado mucho tiempo en reaccionar. "Como está nueva, pensábamos que se lo replantearían", explican. Mantuvieron una reunión con los responsables de la Gerencia de Urbanismo, y en ella plantearon su exigencia: que se modifiquen los planes para que el bloque siga en pie.

3,5 millones por piso

El Ayuntamiento se comprometió a estudiar una posible modificación del PERI 11.3 (Plan Especial de Reforma Interior), que es el que rige los destinos de esta zona. Pero, según portavoces de Gerencia, este cambio de planes urbanísticos no parece posible.Los vecinos no quieren hablar ni de indemnizaciones ni de realojamientos. "Nos ofrecen unos 3,5 millones de pesetas por nuestros pisos de 20 años de antigüedad y 60 metros cuadrados de superficie", argumentan. "Nos aplican una expropiación por fines sociales, con lo que nos pagan menos dinero, cuando lo que van a construir aquí son pisos privados, no una carretera o una escuela", añaden indignados los moradores.

La asociación de vecinos de Carabanchel Bajo presentó varias alegaciones desde que, en 1988, el Ayuntamiento -entonces del PSOE- decidió adjudicar ésta y otras bolsas de deterioro a constructores privados. El PP, entonces Alianza Popular, votó a favor de la propuesta socialista. Izquierda Unida y el CDS se opusieron.

Julia García, presidenta de esta entidad vecinal, critica que "no se hayan hecho pisos sociales ni siquiera en una parte del terreno que pertenecía al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), de la Comunidad".

Según la Gerencia Municipal de Urbanismo, "las parcelas se venden para financiar la nueva urbanización, algunas se dedican a calles y equipamientos, otras a viviendas protegidas, y ésta de Ángela López es para vivienda libre; la cosa es más compleja de lo que dicen los vecinos", explica un portavoz de Gerencia.

Oferta de la EMV

El Ayuntamiento asegura que se han ofrecido pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) para realojar a los vecinos, por los que sólo estarían obligados a pagar un 15% de sus ingresos. Sin embargo, la oferta de realojamiento no coincide con los intereses de los vecinos.La principal propuesta formulada por los vecinos al concejal de Urbanismo, José Ignacio Echeverría, es la modificación del Plan General de Madrid para mantener su bloque dentro de la nueva urbanización. "Esto supondría paralizar durante más de dos años todo el proceso de eliminación de la bolsa de deterioro urbano, por la compleja y larga tramitación de este tipo de expedientes", agregan en Gerencia de Urbanismo.

"Las exigencias de los vecinos son inaceptables y el Ayuntamiento no tiene presupuestos para construir unas nuevas viviendas en la misma zona donde ellos quieren, después de rechazar la oferta de pisos de la EMV", concluyen.

Por ahora, la expropiación forzosa es la única salida que ofrece el Ayuntamiento a , estas 12 familias. Sin embargo, en la Gerencia de Urbanismo aseguraron el lunes que el concejal Echeverría iba a ofrecer "alguna novedad" para intentar solucionar el conflicto.